En un comunicado, el sindicato denunció que la norma aprobada “no cumple con su función de trasponer la directiva ni en cuanto a su finalidad ni en cuanto al alcance de su contenido”, considerándolo “más restrictivo”, por lo que cree necesario “introducir modificaciones que corrijan estos aspectos”.

La norma, en concreto, exige aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas en grandes empresas en lo relativo a cuestiones sociales, medioambientales, de recursos humanos, de respeto a los derechos humanos y de lucha contra la corrupción.

Sin embargo, desde CCOO señalan que las medidas “no tienen en cuenta la naturaleza multidimensional de la responsabilidad social de las empresas (RSE), ni el nivel suficiente de comparabilidad que responda a las necesidades de todos los grupos de interés”.

Por ello, desde la central sindical consideran que “el conjunto de valores impulsados por la RSE construiría una sociedad más cohesiva y prepararía la transición a un sistema económico sostenible, con empleos estables y de calidad”, por lo que señalan que no puede limitarse a una herramienta empresarial de “estética”.

Además, el sindicato criticó que el Gobierno tramitase la norma mediante la fórmula del decreto-ley, aunque finalmente se llevará a cabo como proyecto de ley tras aceptar la solicitud presentada por algunos grupos parlamentarios, y denunció que para diseñar la trasposición el Gobierno no haya contado con los sindicatos ni con el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (Cerse).