Según explica la CNMC, este proyecto de real decreto, que Fomento pretende aprobar antes de que concluya 2017, consta de dos artículos que afectan a este tipo de servicios.

Por un lado, el Ministerio de Fomento en su futura normativa impide a los titulares de licencias VTC que puedan revenderlas hasta pasados dos años desde su primera expedición.

Por otro, las comunidades autónomas podrán exigir que los titulares de dichas autorizaciones les comuniquen, antes de su inicio, la prestación de cualquier servicio que haya de desarrollarse íntegramente dentro de su territorio, constituyendo un registro.

Para la CNMC, la prohibición de revender licencias hasta pasados dos años desincentiva que nuevas empresas entren en el mercado, ya que limita su capacidad de abandonarlo en ese tiempo.

“Esta situación resta liquidez al mercado secundario de licencias, cuya función es facilitar que haya más empresas ofreciendo el servicio. De esta forma, en última instancia, se perjudica a los pasajeros que utilizan las VTC”, concluye.

En cuanto a las obligaciones de comunicación, advierte de que “pueden suponer una carga administrativa muy elevada para quienes ofrecen estos servicios alternativos de transporte, que tendrán que comunicar cada uno de los servicios que realicen antes de su inicio, lo que conlleva también el riesgo de afectar a su movilidad geográfica.

Según el criterio del organismo dirigido por José María Marín Quemada, el proyecto no explica suficientemente las razones por las que se pretende imponer esta obligación.