La DGT impuso el 50% de servicios mínimos el pasado 4 de diciembre coincidiendo con el 60º día de paros que muchos examinadores de tráfico vienen manteniendo de lunes a miércoles desde el 19 de junio, con excepción de agosto y los festivos.

Fuentes de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) señalaron a Servimedia que presentaron el pasado martes un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por entender que los servicios mínimos decretados por la DGT son ilegales, ya que el servicio de exámenes prácrticos para obtener el carné de conducir no es esencial.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, señaló este martes en el Pleno del Senado, al responder a una pregunta de Idoia Villanueva (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea), que la Audiencia Nacional acaba de dictar una resolución por la que desestima la suspensión cautelar de los servicios mínimos solicitada por los examinadores de tráfico en huelga.

Zoido indicó que la Audiencia Nacional considera “ajustado” el establecimiento de los servicios mínimos en la huelga de los examinadores desde este mes de diciembre y entiende que, “de no aplicarse el 50% de servicios mínimos, estaríamos dando lugar a un grave perjuicio económico a los intereses generales de todos aquellos que quierne examinarse”.

MEDIDAS

El ministro subrayó que el Gobierno se ha preocupado “mucho” en ofrecer mejoras económicas y profesionales para los examinadores de tráfico, pero añadió, aludiendo al colectivo examinador en huelga: “Hay quien no tiene ganas de buscar una solución”.

En este sentido, enumeró las medidas aprobadas por su departamento: un 40% más de productividad mensual, la creación de la especialidad de tráfico, un plan de promoción interna con 435 plazas, un incremento medio anual en el sueldo de más de 1.500 euros, más de 5.000 euros de mejora en los trienios y la pensión de jubilación, y 125 euros mensuales más como productividad adicional.

“Hemos adoptado medidas, seguimos negociando, se está incrementando el personal exminador y, además, estamos mejorando las condiciones laborales y salariales. El Gobierno está cumpliendo rigurosamente los compromisos. Hay quien no está poniendo absolutamente nada de su parte”, reiteró.

Por su parte, la senadora Idoia Villanueva acusó al Gobierno de “pasividad” en el conflicto de los examinadores de tráfico, lo que repercute en “la capacidad recaudatoria de las arcas públicas” y ahonda en “los múltiples inconvenientes que esto genera la para la ciudadanía incapacidad de examinarse en tiempo y forma”.

Villanueva destacó que la mayoría de los grupos parlamentarios se han comprometido a llevar a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 la subida salarial del complemento específico que vienen demandando los examinadores de tráfico.