La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta comisión, Ángeles Álvarez, fue la encargada de defender esta iniciativa, donde hizo hincapié en la “necesidad imperiosa de realizar, en colaboración con el CGPJ y organizaciones de juristas, una investigación sobre la respuesta de la administración de justicia ante los delitos relacionados con violaciones, acoso sexual en el trabajo y otras agresiones sexuales, para desvelar practicas judiciales estereotipadas e injusta”.

En este sentido, señaló que “es urgente conocer la interpretación que la justicia está haciendo sobre los delitos sexuales”, porque “es a través del análisis de las sentencias que podemos conocer si existe un trato discriminatorio”.

Asimismo, destacó la necesidad de “incorporar al Plan Estadístico Nacional datos relacionados con la violencia sexual para poner a disposición de la sociedad los datos que reflejan esta realidad, conocer la evolución y tendencias, y para que dichas informaciones favorezcan la toma de conciencia frente al problema y ayuden a las administraciones en la planificación de una respuesta adecuada y adaptada”.

A su juicio, esta ley contra la violencia, el acoso y el abuso sexual servirá “para garantizar los derechos de las víctimas en materia de prevención, información, tutela institucional, protección integral y apoyo a la reparación del daño y equiparar y garantizar la respuesta en todo el territorio” y serán precisas para “dar la respuesta integral que nos reclama el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género”.

Por último, puso de manifiesto que “España se sitúa a la cola de Europa en denuncias por violación” y aseguró que “hay más denuncias en países con mayor intolerancia a la violencia sexual y con mejores niveles de igualdad de género”.