La red asegura en un comunicado que hace una valoración negativa del texto elaborado por el Ejecutivo de Susana Díaz, porque al no establecer una fórmula de reconocimiento de las radios y televisiones como asociaciones sin ánimo de lucro de Andalucía, “se cierra la puerta a las pocas medidas de fomento incluidas en el proyecto de ley”. “Tal y como está ahora escrito, lo único aplicable a los medios comunitarios es el régimen sancionador. Y eso es un claro retroceso”, explica la presidenta de la ReMC, María Limón.

El texto remitido al Parlamento regional por el Consejo de Gobierno extiende el derecho de acceso (la posibilidad de que grupos políticos, religiosos y sociales significativos tengan sus propios espacios en las emisiones) a los medios comunitarios, a pesar de que la Constitución únicamente fija el derecho de acceso como obligación de los medios públicos (artículo 20.3).

“Los medios comunitarios ya garantizamos el derecho de acceso de asociaciones y ciudadanía en general casi en el 100% de nuestras producciones. Pero es inviable que se nos imponga una carga adicional sin que la Administración aporte ayudas extra para poder hacerla realidad. Además, la definición de medio comunitario incluida en el artículo 3.i del proyecto de ley, con la que estamos de acuerdo, prohíbe el proselitismo político y religioso. Pero con la redacción actual del derecho de acceso en el proyecto de ley, la Junta obliga a los comunitarios a destinar parte de sus emisiones a grupos políticos y religiosos. Es una incongruencia”, explica Limón.

Limón pide a todos los grupos políticos “sensibilidad y colaboración” para encontrar soluciones y mejorar el proyecto de ley. “Esta norma llega al Parlamento tras un proceso participativo con todos los agentes audiovisuales desde 2012, pero el texto no respeta los acuerdos firmados en materia de medios comunitarios en la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual. En el último momento, hemos visto cómo se eliminaban del articulado las autorizaciones provisionales a los medios comunitarios, vaciando de contenido, en la práctica, esta ley”, subraya el coordinador de Legislación y Derecho a Comunicar de la ReMC, Javier García.

La red considera que muchas fuerzas políticas y medios de comunicación se equivocan "al meter en un mismo saco a medios comunitarios y a medios comerciales sin licencia bajo el término 'piratería'".

Como aspectos positivos del proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía, la ReMD valora que se esfuerza en prevenir que la figura de los medios comunitarios pueda convertirse en un coladero para los intereses privados comerciales de muchas empresas que emiten sin licencia, y también que apuesta por fomentar la existencia de estos medios y por la creación de instrumentos de cooperación entre las radios y televisiones públicas y las comunitarias.

“Una adecuada regulación de los medios comunitarios supondrá la generación de puestos de trabajo dignos en un sector muy maltratado como es el de la comunicación”, afirma la presidenta de la ReMC.