Así lo indicó durante su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera y el rescate a la banca, donde señaló que ese contagio podría haberse dado no sólo en España sino en otros países. Por ejemplo, indicó que la filial portuguesa del Popular “se hubiera visto afectada negativamente en caso de una liquidación” del banco.

Según König, la “rápida” salida de liquidez del Popular requirió una “acción ágil” para proteger la continuidad de las funciones esenciales de un banco y evitar riesgos para la estabilidad financiera.

Además, destacó la “cooperación” entre las distintas instituciones, tanto el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España y la Comisión Europea. En concreto, subrayó que la “estrecha cooperación” entre la JUR y el Frob fue “crucial para un resultado de éxito”.

La responsable de la JUR apuntó también que “al vender Banco Popular a un grupo sólido con el Santander, que estaba en condiciones de inyectar de manera inmediata suficiente liquidez”, la entidad pudo “continuar operando en condiciones comerciales normales”.

INFORME DE DELOITTE

En cuanto al informe de valoración realizado por Deloitte y que la JUR no ha hecho público, König mantuvo que se trabaja en dar a conocer parte del mismo pero no por completo, ya que ciertas partes son “sensibles”.

Antes de final de año, dijo, se publicará en la página web de la JUR una “versión editada” del informe y “algunos aspectos adicionales” de la decisión de resolución.

“El tratamiento de estos documentos con respecto a su carácter confidencial es una de las cuestiones que se están evaluando actualmente en los procedimientos judiciales a nivel europeo”, añadió.

“FIESTA PARA LOS ABOGADOS”

König se refirió al principio de que los acreedores no pueden quedar en peor situación tras un proceso de resolución de la que hubiesen tenido en un procedimiento concursal, para exponer que un experto independiente realiza en la actualidad una valoración sobre el tema que estará disponible a principios de 2018.

Si esa valoración, señaló, concluye que los accionistas y los acreedores quedaron en peor situación tras la resolución de lo que hubieran quedado en caso de concurso, el organismo estaría legalmente obligado a compensar la diferencia.

La responsable de la JUR afirmó que la resolución “es una fiesta para los abogados que recurren no sólo las acciones legales de la UE y de las autoridades nacionales involucradas en la decisión, sino la legalidad del marco de resolución en su conjunto”.

“Corresponde a los tribunales de la UE resolver sobre dichas acciones ejercitadas contra el dispositivo de resolución adoptado por la JUR”, agregó.