La federación señala en un comunicado que las recientes declaraciones realizadas en ese sentido por el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, y por varios ministros, con el argumento de que hay que combatir las noticias falsas y el acoso en las redes sociales, "permiten entrever un intento de controlar la información y la opinión libre de la ciudadanía que es incompatible con las normas y convenios internacionales sobre esta materia ratificadas por España".

A juicio de la FeSP, los únicos límites que deben existir para el ejercicio de ese derecho constitucional son el Código Penal y las leyes vigentes, algunas de ellas ya bastante restrictivas para la ciudadanía.

La FeSP rechaza y condena la utilización de las redes sociales para difundir noticias falsas o para difamar, calumniar o perjudicar a personas, empresas, organismos o instituciones. "Pero esas malas prácticas", agrega, "no deben ser combatidas con la imposición de más restricciones a la libertad de expresión e información, porque se dañaría a la propia democracia".

Según la federación de periodistas, la tecnología permite identificar a quienes hagan ese mal uso de las redes sociales, como se ha visto en distintos casos que han terminado con una condena judicial a sus autores, pero esa sanción solo pueden imponerla los jueces cuando comprueben que alguien, con sus mensajes en la Red, ha cometido un delito tipificado en la legislación vigente.

La Comisión Permanente de la FeSP también expresa su preocupación por el anuncio que ha hecho la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, de proponer la creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Defensa del Congreso, integrado por diputados y "editores de los principales medios de comunicación", para que estudien las medidas a adoptar ante la "amenaza de la desinformación".

"Para hacer frente a la desinformación y las noticias falsas es necesario educar en comunicación; facilitar siempre toda la información y los datos con la máxima transparencia, algo que no siempre hace el Gobierno pese a presumir de la Ley de Transparencia, y que los jueces apliquen las leyes a quienes cometan un delito", indica el comunicado.

La FeSP dice al Gobierno que si tanto le preocupa la desinformación y las noticias falsas, la mejor manera de evitar esas rechazables prácticas es con una ley que regule el derecho a la información y la comunicación, como existen en los países de la Unión Europea y en otros muchos, en la que se establezcan los derechos y las obligaciones de los profesionales de la información para que sea plenamente efectivo ese derecho de la ciudadanía.