Esta iniciativa, que será debatida en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, pide al Gobierno que lleve a cabo esta regulación en coordinación con las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, y con diálogo con las empresas concesionarias de autopistas de peaje.

En la exposición de motivos, el PSOE hizo hincapié en que “el Estado tiene la obligación, a través de las diferentes administraciones, de regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de nuestros derechos y nuestros deberes”, tal y como establecen la Constitución española y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, indicó que “la exención del peaje es una medida social que ya se aplica en algunos países para compensar, en parte, el sobrecoste que soportan las personas con movilidad reducida y sus familias cuando tienen que efectuar un desplazamiento”, puesto que “en muchas ocasiones, se ven obligadas a viajar en transporte particular, en ocasiones adaptado, ante la falta de accesibilidad de los medios de transporte públicos”.

Por último, el Grupo Socialista defiendió que esta exención “no tendría que suponer un coste directo para las administraciones públicas”, porque “podría preverse en los contratos de concesión de las autopistas que negocian las empresas concesionarias y el Estado”.