Así lo exigió la federación como consecuencia de que ayer concluyese el plazo legal dado en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para que todos los bienes, servicios y entornos sean plenamente accesibles.

Famma defendió que una Agencia de Accesibilidad debe ser un servicio funcional gestionado por los ayuntamientos en colaboración con las asociaciones de personas con discapacidad profesionalizadas en accesibilidad, dedicadas fundamentalmente a las tareas de intermediación, asesoramiento, control de licencias, formación en accesibilidad, a través de acciones de apoyo al desarrollo local, diagnóstico, formulación de proyectos de inversión para la eliminación de barreras, difusión tecnológica y desarrollo de recursos humanos, así como a la canalización y gestión de la información para mejorar los entornos.

El presidente de la federación, Javier Font, hizo hincapié en que “es necesario actuar inmediatamente, ya que el plazo establecido por la ley ha caducado y las ciudades siguen estando llenas de barreras que dificultan la movilidad de las personas”, y afirmó que los ayuntamientos están obligados a destinar partidas presupuestarias anualmente para eliminar las barreras arquitectónicas en las ciudades, y son ellos los responsables de conceder licencias o iniciar procedimientos sancionadores si se incumple la ley.

A su juicio, es necesario que los municipios lleven a cabo un diagnóstico de la situación que padece cada municipio, con el fin de acometer medidas desde la perspectiva de un plan de acción a corto plazo que reduzca y elimine las barreras que tanto dificultan la vida de las personas que tienen algún problema movilidad.

“Las ciudades siguen sin estar preparadas para que las personas que tienen problemas de movilidad puedan vivir en ellas con normalidad”, manifestó Font, quien añadió que “eso es un problema que convierte a nuestras ciudades en entornos intransitables y de negativa convivencia, en tanto en cuanto exista una única persona que tenga problemas para moverse libremente por su ciudad”.

Por último, Famma detalló que las multas por infracciones van desde los 600 hasta los 300.000 euros, según la normativa sancionadora de la Comunidad de Madrid. Esta última cuantía se podría ampliar hasta el millón de euros, según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.