García Caparrós tenía 18 años cuando fue abatido hace ahora cuarenta años por un disparo durante una carga policial en la manifestación que exigía la autonomía de Andalucía.

Según explica en su carta, diez días después el subdirector general de Seguridad, perteneciente al entonces Ministerio de Gobernación, José Sainz, firmó un informe donde se indicaba que uno de los disparos de la Policía Armada había causado la muerte de García Caparrós.

Ese informe policial ha permanecido en secreto entre la documentación de la comisión parlamentaria que investigó aquel suceso, y tras reiteradas peticiones a la Mesa del Congreso ha podido ser consultado por la diputada de IU, que ahora exige que se haga público para que la ciudadanía pueda conocer lo que ocurrió y que no ha tenido confirmación oficial hasta ahora.

En el informe se hizo constar que el mando de la Policía Armada había impuesto arrestos y abrió expedientes disciplinarios por esos hechos, y la diputada reclama conocer a quién se implicó y por qué razones. También exige conocer el nombre y el nuevo destino de los agentes que actuaron en esa manifestación.

García Sempere ha sido la única diputada autorizada a consultar, con restricciones, la documentación de aquella comisión parlamentaria, y explica que, según el director de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso, Mateo Maciá, entre los documentos de aquella investigación hay informes enviados por la Dirección General de Seguridad, por el gobernador civil de Málaga, por los centros sanitarios que atendieron a los heridos, por la Diputación y por otras instancias, que la diputada considera que deberían ser facilitados.

El pasado mes de marzo, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, compareció en rueda de prensa junto a otros diputados andaluces y a las hermanas del joven asesinado en aquella manifestación, Dolores y Puri. Recordó entonces que más de 300 personas murieron durante la transición a la democracia debido a la represión del propio Estado o a la acción de grupos organizados de extrema derecha, pero hay un "interés político" en ocultar esos hechos.

Unidos Podemos reclamó sin éxito al Congreso una copia del informe completo de la investigación parlamentaria que se hizo de esos hechos un año después, ya que en los diarios de sesiones no hay acceso a tres días de ese proceso. Además, las hermanas del joven registraron una carta para que su relato llegara a todos los grupos parlamentarios.

En ella explicaban que aquel día no hubo en Málaga ninguna acción violenta por parte de los manifestantes. "En cambio algunos sectores de la ultraderecha ese día calentaron las manifestaciones con insultos y agresiones. También hubo un desproporcionado nerviosismo de la policía que en el caso de Málaga terminó como bien saben en cargas y tiros. Nuestro hermano se cruzó en una de aquellas balas y murió camino del hospital, ayudado por gente buena y un pueblo de Málaga, y toda Andalucía, que lloró la muerte de un sencillo y humilde trabajador de 19 años. Nuestro hermano fue asesinado por la violencia policial", denunciaron.