Con motivo de la celebración ayer, 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Joan Ruiz subrayó que “la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU reconoce la importancia que para este colectivo reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”.

Además, señaló la importancia de “la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

El portavoz socialista recordó que el plazo que se establecía para espacios, productos y servicios ya se cumplió para aquellos que fueran de nueva creación y el plazo aplicable a los existentes (espacios públicos urbanizados y edificaciones, medios de transporte, oficinas públicas y de atención al ciudadanos, entre otros), finaliza hoy, 4 de diciembre de 2017.

Por esta razón, Ruiz subrayó que “alcanzar la fecha de hoy con un aceptable grado de cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, habría requerido trabajo y esfuerzo presupuestario”. Sin embargo, lamentó “la dejadez” del Gobierno de España, ya que “no ha planificado adecuadamente las actuaciones necesarias y tampoco ha realizado ningún esfuerzo económico”.

El resultado de todo ello es que “ni los espacios públicos urbanizados y edificaciones, ni los medios de transporte, ni las oficinas públicas, ni los bienes y servicios a disposición del público, ofrecen las condiciones adecuadas a la Convención, a pesar de haberse alcanzado la fecha tope establecida para ello”·

Así, las cosas, el responsable socialista quiere poner en valor esta iniciativa en la que se exige al Ejecutivo “elaborar un calendario que señale las actuaciones que se llevarán a cabo en cada uno de los próximos meses, en todos los ámbitos, para dar cumplimiento a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de todos los espacios, productos y servicios que sean competencia de la Administración General del Estado, con el horizonte máximo de 1 año. Dicho calendario será presentado ante la Comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad”.

Igualmente, se pide la dotación de una partida en los PGE destinada a financiar las actuaciones necesarias para cumplir con los compromisos derivados de dicho calendario. Además, se contempla la creación de un Fondo estatal de accesibilidad universal por el cual, del presupuesto ejecutado en obra pública e infraestructuras y en la sociedad de la información, un 1% se destine a la accesibilidad física y tecnológica de las administraciones públicas.