Con motivo del Día de la Discapacidad, que se celebró este domingo, el Defensor ha desgranado en un comunicado las iniciativas más destacadas que ha puesto en marcha este organismo en el último año en apoyo a las personas con discapacidad.

Recientemente ha iniciado una actuación de oficio con todas las comunidades autónomas para conocer si cuentan con fondos para subvencionar la supresión de barreras arquitectónicas en el entorno urbano, y si incluyen partidas presupuestarias para subvencionar programas específicos de los ayuntamientos en este sentido.

Además, ha culminado en 2017 una actuación iniciada con nueve ciudades para conocer sus planes municipales de accesibilidad. Todos los ayuntamientos consultados han iniciado obras para la eliminación de barreras arquitectónicas y cuentan con canales de comunicación con los vecinos para detectar barreras pero sólo tres de ellos tienen planes municipales de accesibilidad. Por ello, se ha sugerido a los municipios restantes la elaboración de planes de adaptación y supresión de barreras para promover la accesibilidad de los espacios públicos urbanizados.

El Defensor también tiene muy presentes las barreras a las que se enfrentan los menores con discapacidad en el entorno urbano. Así, valora positivamente que la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado haya recogido las recomendaciones efectuadas en el Estudio sobre Seguridad y Accesibilidad de las Áreas de Juego Infantil.

En el ámbito del transporte ferroviario y metropolitano, la defensoría está tramitando quejas sobre las barreras que se encuentran las personas que utilizan estos medios transporte.

COPAGO FARMACÉUTICO

Una parte significativa del colectivo de personas con discapacidad precisa un mayor nivel de medicamentos y productos sanitarios que la población en general. Por este motivo, el Defensor ha recomendado la supresión del copago farmaceútico para las personas con discapacidad con grado reconocido.

Además, está trabajando para solucionar casos de discordancia entre las certificaciones de los servicios sociales sobre grado de discapacidad y su tributación.

El Defensor del Pueblo recomendó en junio de 2016 la modificación de la Loreg para reforzar el derecho al voto de las personas con discapacidad de modo que sólo pueda privarse judicialmente del derecho al voto en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de capacidad de conocimiento de la persona.

En materia educativa, también ha recomendado reiteradamente a las administraciones que adopten medidas normativas y presupuestarias para asegurar el derecho a la educación inclusiva, de acuerdo con los principios de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.