Fuentes jurídicas indicaron a Servimedia que esta coincidencia tiene la virtualidad de mandar un mensaje a la justicia belga. Si como se prevé el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers son excarcelados, el Supremo pondrá en evidencia la cualidad garantista de la justicia española para con estos investigados, que casi en su totalidad concurren a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

Se trata de contrarrestar la imagen que ha querido construir la defensa de los exmiembros del Gobierno catalán de una justicia española que arrampla con los principios democráticos y los derechos políticos. La participación de los exconsellers en el arranque de la campaña electoral esta noche reforzaría esta idea.

Sin embargo, la decisión del juez Llarena no será, indicaron las mismas fuentes, una operación de imagen, sino una decisión meditada y siempre de acuerdo con el principio de legalidad y proporcionalidad. El magistrado debe valorar la credibilidad de las declaraciones realizadas por los exmiembros del Govern el pasado viernes y el riesgo de que incurran de nuevo en los delitos de los que se les acusa o de que se fuguen.

Llarena, quien asumió la totalidad de la causa el lunes de la pasada semana, remitirá su auto a las partes a primera hora de la mañana de hoy. Los investigados se ciñeron el viernes a los argumentos contenidos en el escrito presentado por sus letrados al juez y se ratificaron en su redacción.

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los tres exconsellers de ERC, representados por el mismo abogado, acataron la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y aunque no renunciaron a sus convicciones políticas, insistieron en que las defenderán por "las vías del diálogo y la negociación".

Los imputados de ERC, Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica". Insisten en que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña".

Su abogado asegura que todos "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña".

Por su parte, los consejeros Jordi Turull y Josep Rull y el presidente de ANC, Jordi Sànchez, todos incluidos en la candidatura de Junts per Catalunya encabezada por Carles Puigdemont y representados por el mismo abogado, también asumieron la defensa de sus convicciones separatistas dentro del marco constitucional.