La Fiscalía belga pidió en la vista celebrada el 17 de noviembre la ejecución de la orden europea, salvo para el delito de prevaricación, tal y como se recoge en el mandato de detención español.

El Ministerio Público considera que el resto de delitos por los que España reclama a Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín encajan en el ordenamiento jurídico belga en las infracciones penales de “coacción de funcionarios” y “malversación por funcionarios”.

La Fiscalía belga respaldaba así la doble orden de detención contra Puigdemont y los exconsejeros que dictó la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ha trasladado la causa al juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo.

Tras la experiencia de la primera vista, el tribunal belga ha extremado las medidas de seguridad para preservar a los declarantes. Como en noviembre, los exmiembros del Gobierno catalán entrarán de manera discreta al edificio judicial y se tendrá especial cuidado en la protección de ventanas para evitar imágenes del acto judicial.

Los reclamados volverán a comparecer de uno en uno y con la asistencia de un intérprete. El juez belga ha citado nuevamente a los acusados para que hagan sus alegaciones, momento a partir del cual se espera que la decisión se produzca en un plazo aproximado de 10 días.

ALARGAR LA CAUSA

La Justicia belga no ha acordado la prisión provisional mientras se resuelve la petición de España. El procedimiento se puede dilatar hasta 90 días en casos excepcionales.

El letrado elegido por Carles Puigdemont para llevar su defensa es Paul Bekaert, un conocido penalista flamenco especializado en retrasar las órdenes de extradición de presos etarras. Bekaert ya ha anunciado sus intenciones de agotar todos los plazos posibles y de luchar hasta el final.

Su estrategia se basa en retrasar el procedimiento argumentando la supuesta falta de independencia de la Justicia española por contraposición a la Justicia “verdadera”, la dictada por los tribunales belgas, y la hipotética vulneración de los derechos fundamentales de su cliente en caso de regresar a España.

Tras el veredicto del juzgado de primera instancia, las partes pueden apelar ante un segundo tribunal que también cuenta con otros 15 días para tomar una decisión. El periplo judicial se puede alargar aún más con la posible apelación ante el Tribunal de Casación, que contaría con otros 15 días para dar una respuesta. En total, Puigdemont y sus exconsejeros pueden prolongar el proceso hasta 90 días, previstos para circunstancias excepcionales.