Para ello, les tomará declaración a partir de las 9.30 horas. También están citados los presidentes de Òmnium Cultural y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que están en prisión desde el pasado 16 de octubre por los altercados que se produjeron en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de la capital catalana.

Tras sumar la causa a la que ya instruía por esos mismos delitos contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa, el magistrado Llarena admitió la petición de los miembros del Govern encarcelados para prestar de nuevo declaración en un nuevo intento de salir de prisión, en la mayor parte de los casos para hacer campaña antes de las elecciones del 21 de diciembre. Todos menos Meritxel Borràs concurren a los comicios.

Las defensas de los exconsellers confían en que Llarena siga en la línea que describió tras tomar declaración a los miembros de la Mesa del Parlament, a los que dejó en libertad bajo fianza después de que acataran el artículo 155 de la Constitución, explicitaran su renuncia a la vía unilateral para declarar la independencia y declararan su sumisión a la ley.

En su escrito, Junqueras no renunciaba expresamente a las vías unilaterales, pero sí acataba el artículo 155 de la Constitución y destacaba que en su actuación futura se guiaría por la negociación y el diálogo, al igual que hicieron otros exconsellers, que también aseguraron que no había riesgo de reincidencia ni de fuga.

ESCRITOS DE DEFENSA

En una providencia comunicada este miércoles, el magistrado dice que visto que todos ellos solicitan la revisión de su situación personal y que se les reciba declaración en relación sobre la causa, accede a la petición formulada por sus defensas.

El exvicepresidente Junqueras y los tres exconsellers de ERC, representados por el mismo abogado, pedían su excarcelación y aseguraban acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y aunque no renuncian a sus convicciones políticas, insisten en que las defenderán por "las vías del diálogo y la negociación".

En el escrito, los imputados indican que "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica". Insisten en que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña". Estos son los argumentos esgrimidos por la defensa del exvicepresidente Junqueras y de los exconsejeros Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa.

Su abogado asegura que todos "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña".

CONSELLERS DEL PdeCAT

Por su parte, los consejeros Jordi Turull y Josep Rull y el presidente de ANC, Jordi Sànchez, todos incluidos en la candidatura de Junts per Catalunya encabezada por Carles Puigdemont y representados por el mismo abogado, también presentaron en el Supremo sendos escritos en los que solicitan la libertad porque no se cumple ninguno de los supuestos para la prisión preventiva y se ofrecen a declarar ante el nuevo instructor de la causa en el Supremo, “si lo considera oportuno”.

Aunque no está claro si los exmiembros del Gobierno catalán van a responder a todas las partes, sí se sabe que la exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs tendrá una estrategia individualizada. Es la única que no va en las listas a las elecciones del 21 de diciembre y sus abogados ya han revelado que piensa hacer una declaración amplia respondiendo a todas las cuestiones de fondo que se le planteen.

Tras escuchar sus respuestas, la Fiscalía se pronunciará sobre la situación de todos ellos y se celebrará una vista en la que el magistrado escuchará al ministerio público y a las defensas, tras lo cual tomará una decisión sobre la excarcelación o no de todos ellos.