La iniciativa, que recibió 165 votos favorables, 157 en contra y 6 abstenciones, pide realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, incluyendo, en particular, un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en España.

Según el texto, el sistema eléctrico debería tener los “objetivos básicos de facilitar la transición energética hacia un modelo seguro, sostenible y eficiente; la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas; la garantía de acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica”.

En defensa de la proposición, Josep Vendrell denunció que “tenemos un sistema eléctrico ineficiente, caro y medioambientalmente insostenible”, en el que el Gobierno rechaza hacer cambios sustanciales.

“Hay que actuar porque hay mucha gente atrapada por los bajos salarios, los altos precios y viviendas climáticamente no eficientes”, prosiguió el portavoz de En Comú Podem, que concluyó que “España tiene un problema estructural que la sitúa entre los países con la energía más cara que tiene que ver con la mala regulación”.

En nombre del PP, el diputado Teodoro García Egea, criticó que “ya habíamos debatido esta proposición en la Comisión de Energía con las mismas inconcreciones, las mismas generalidades y los mismos errores”. “Queremos que la factura de la luz sea la menor posible, pero eso no se consigue con estas propuestas demagógicas”, añadió.

Asimismo, el Congreso pide cambios en el sistema eléctrico para avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable. Tomando las medidas necesarias para evitar la sobre remuneración en el mercado eléctrico, especialmente en centrales que se benefician actualmente de una disparidad entre el precio de coste y el precio real.

Por otro lado, demanda reformar la parte regulada de la tarifa, reduciendo el peso de la potencia contratada en la tarifa y aumentar la parte variable en función del consumo, incentivando la eficiencia y el ahorro energético.

Por último, pide garantizar que la energía hidroeléctrica generada en las centrales cuyas concesiones caduquen, no sea utilizada con fines especulativos y que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable.