Según informó el Instituto Armado, en el marco de la ‘operación Ámbar’, dirigida por el juzgado 1 de la Audiencia Nacional, han sido detenidas 14 personas en las provincias de Barcelona, Madrid, Tarragona, Alicante y Valencia y se han realizado siete registros.

A los investigados se les imputan presuntos delitos de estafa, por más de 60 millones de euros, a las empresas generadoras de electricidad, así como un presunto delito a la Hacienda Pública de más de 14 millones de euros.

La trama desarticulada se dedicaba a la interposición de empresas instrumentales en la comercialización de energía eléctrica, pero sin abonar los servicios proporcionados por el operador del sistema y los distribuidores del mercado eléctrico nacional. Se ha cuantificado que la suma del fraude realizado por estas comercializadoras supera los 60 millones de euros.

BLANQUEO DE DINERO

Se han identificado hasta 10 comercializadoras eléctricas instrumentalizadas por la organización criminal (las cuales se encuentran en la actualidad carentes de actividad tras ser inhabilitadas por la CNMC). También se han detectado tres nuevas distribuidoras creadas por la organización criminal con la finalidad de sustituir a aquellas que se encontraban inhabilitadas, perpetuando de esta forma la comisión del fraude.

Esta sustitución de unas comercializadoras por otras conforma el núcleo principal del modus operandi utilizado para generar la deuda dentro del sistema eléctrico español.

Al mismo tiempo se están investigando las distintas operativas de blanqueo de capitales diseñadas para ocultar el origen delictivo de los fondos obtenidos, detectando el flujo monetario existente entre las comercializadoras fraudulentas y un conglomerado de empresas vinculadas a la organización criminal.