Gallego intervino en la 9ª Jornada de la Discapacidad organizada por la Mesa de la Discapacidad del distrito de Chamartín, y allí expuso algunos de los problemas y obstáculos por partida doble que conlleva ser mujer y con discapacidad. Por ejemplo, denunció que las mujeres con discapacidad suelen ser “desalentadas” a adquirir la autonomía personal y participar en la sociedad.

Asimismo, señaló que el índice de analfabetismo de las mujeres con discapacidad duplica al de los hombres, y que el 76% de aquéllas ni siquiera busca empleo, debido a que suelen ser los hombres de su familia quienes toman las decisiones por ellas y las disuaden de integrarse, incluso socialmente por temor a que sufran.

En el tema laboral, criticó que “los empresarios tienen un gran desconocimiento de la capacidad real de las mujeres con discapacidad”, lo que impide apostar por el empleo ordinario para estas personas, como aconseja ella, y obliga a recurrir a los centros especiales de empleo.

En el aspecto sanitario, explicó que muchas mujeres con discapacidad no se someten a revisiones, porque los recursos de los centros no están adaptados para ellas. Esto alcanza su punto álgido cuando estas mujeres quieren tener hijos, y tanto la familia como los profesionales médicos se sorprenden e incluso lo desaconsejan.

La presidenta del Cermi Madrid explicó que es muy difícil que a las mujeres con discapacidad se les conceda el certificado de idoneidad, uno de cuyos requisitos es “disfrutar de un estado de salud física que no dificulta cuidar al hijo”. En las mujeres con discapacidad inteletual, se da la paradoja de que pueden cuidar a sus padres y hermanos pero se les retira la custodia de los hijos.

Gallego fue especialmente crítica con la esterilización forzosa que se sigue practicando a mujeres con discpacidad, sobre todo intelectual, y que constituye una “violación flagrante de los derechos humanos” se estas personas. “Necesitamos derogar el artículo 156 del Código Penal”, subrayó. En concreto, su segundo apartado, que reza que “no será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento”.

En el ámbito de la pareja, resaltó que hay muchos más casos de divorcio cuando la mujer sufre una discapacidad sobrevenida que cuando la padece el hombre, y, en cuestión de violencia de género comentó el riesgo adicional que corren las mujeres con discapacidad, de las cuales el 31% dice haber sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de su parejas o exparejas, frente al 12% de aquellas sin discapacidad. A ello se añade que la falta de autonomía personal limita mucho las posibilidades de cursar una denuncia contra la pareja con la que conviven.

Según comentó, casi el 15% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas tenían algún tipo de discapacidad, un porcentaje sustancialmente mayor al de personas con discapacidad en el conjunto de la población. Desde el punto de vista contrario, mencionó que por cada mujer asesinada por sus parejas o exparejas, 10 quedan con algún tipo de discapacidad.