El Cermi, que estuvo presente en la tribuna de invitados, también celebró que el Senado haya dado luz verde al texto remitido por el Congreso por unanimidad de todos los grupos y sin introducir enmiendas que modifiquen su contenido.

Además, buena parte de los portavoces pusieron en valor la labor de incidencia política del Cermi para acabar con esta discriminación sostenida en el tiempo, y apuntaron que se debería haber aprobado el texto con mayor celeridad.

En concreto, a instancias del Cermi, los partidos corrigieron el artículo 8.5 de la Ley del Jurado, que incluye los “Requisitos para ser jurado”. Hasta ahora, en este punto de la norma aprobada en 1995 se establecía que para ser miembro de un tribunal popular no había que estar “afectado por discapacidad física o psíquica”.

En adelante, este artículo 8.5 recoge que para ser jurado habrá que “contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función del jurado”. También se alude a que “las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia de la función de jurado, debiéndoseles proporcionar por parte de la Administración de Justicia los apoyos precisos, así como efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempeñar con normalidad este cometido”.

Según el Cermi, el Estado español avanza, de esta forma, en el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. "En concreto, el artículo 13 de dicho tratado obliga a garantizar la igualdad en el acceso a la Justicia, y las restricciones existentes suponían una discriminación en el acceso a la administración de justicia".

“Es un avance más en el enfoque de derechos al que debe estar sometida la discapacidad, por lo que el Cermi se congratula de que haya sido aprobado con pleno consenso de todos los grupos, lo que indica también que las cuestiones de discapacidad, gracias al trabajo del movimiento asociativo, encuentran eco y superan las diferencias ideológicas”, concluyó el Cermi.