Fomento reiteró en un comunicado este martes que este nuevo real decreto está orientado a mejorar la situación en el sector del taxi y en el del alquiler de vehículos con conductor “dada la relevancia que para la movilidad ciudadana tiene el transporte público de viajeros”.

Asimismo, impedirá las prácticas especulativas de aquellos que han solicitado licencias de VTC con objeto de lucrarse con su inmediata reventa. De esta forma, se impedirá la transmisión de autorizaciones hasta pasados dos años desde su otorgamiento.

La norma también contemplará la creación de un registro único a nivel estatal en el que deberán registrarse los servicios de VTC de manera previa a su prestación. Con ello, “se pretende garantizar la exigencia del requisito de contratación previa que rige para este tipo de vehículos, evitando que los mismos capten viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en los sitios de concentración y generación de demanda, como son los puertos, los aeropuertos o las estaciones ferroviarias”.

De esta manera, también se podrá realizar un control mucho más eficaz del cumplimiento de la norma de habitualidad, por la que se permite a una autorización de VTC realizar hasta un máximo del 20% de los servicios, computado trimestralmente, fuera del territorio de la comunidad autónoma que le otorgó dicha autorización.

Así, se controlará de una forma más ágil la obligación de realizar de manera habitual, en un 80%, los servicios de VTC en el territorio de la comunidad autónoma que otorgó la autorización.

Esta normativa también reforzará el cumplimiento de los actuales requisitos de las autorizaciones de VTC, “con el objetivo de impedir que pueda interpretarse que no sea necesario su cumplimiento en casos en los que el derecho a obtener dichas autorizaciones se haya adquirido mediante sentencia judicial y no tras la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo”.

REFUERZO DE LAS INSPECCIONES

Desde Fomento indicaron que la inspección y control de los servicios de VTC “seguirá siendo un objetivo primordial” dentro del Plan Nacional de Inspección del Transporte por Carretera de 2018, acordado con las comunidades autónomas.

Además, apuntaron que se reforzará la lucha contra el fraude e intrusismo en la prestación de este tipo de servicios, impulsando el control del cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad e incidiendo en los nuevos operadores que obtengan las autorizaciones por la vía de la sentencia judicial.

Por ello, el Ministerio de Fomento indicó que impulsará un equilibrio ordenado entre la actividad de ambos sectores e instó de nuevo a todas las administraciones a que colaboren, cada una dentro de su marco competencial, a garantizar el cumplimiento de la ley vigente y a reforzar las inspecciones.