La Comisión señaló en un comunicado que las empresas con sede en España (Madrid, Barcelona, Valencia) y Portugal, amañaban los precios y otras condiciones comerciales, y se repartían los proyectos para asegurar sus ganancias encareciendo las obras, hasta que uno de ellos denunció los hechos ante la CNMC.

Las sanciones por estos hechos se elevan a 44,7 millones para las empresas y a 80.000 euros para la asociación. La CNMC recordó que la creación de un cártel es la “conducta ilícita más lesiva” para el buen funcionamiento de la economía, pues “encarece los precios de los productos y se convierte en una barrera para la competencia”.

“Los hechos han quedado acreditados en los mails, WhatsApp y cuadernos de notas recopilados durante la investigación, que acreditan las 52 reuniones que mantuvieron para pergeñar y vigilar su ‘modus operandi’”, informó el organismo.

CÁRTEL DE LOS FABRICANTES

La CNMC informó que el primer cártel lo crearon las siete principales empresas fabricantes de cables de baja y media tensión llevando la iniciativa en la mayor parte de ocasiones las líderes en dicho mercado (General Cable).

En colaboración con la asociación Facel, acordaron de manera sistemática y continua las tarifas y descuentos del suministro de cables, la fecha de aplicación de las tarifas acordadas en cada momento y la de su anuncio a los clientes, los plazos de pago, las condiciones de suministro e incluso la línea argumental que debían seguir todos ellos para justificar los cambios de tarifa ante los clientes.

Además, la CNMC considera que se ha acreditado que se repartieron 332 proyectos de suministro de cables a grandes clientes y hasta existen evidencias de que llegaron a acordar el boicot a algunos clientes. Estos hechos se produjeron desde 2002 hasta 2015, cuando se realizaron cerca de 52 reuniones con la colaboración de Facel.

Por todo ello, entiende que han cometido una infracción constitutiva de cártel, consistente en la adopción de acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales, y de reparto de proyectos de suministro de cables de baja y de media tensión con la colaboración de Facel.

Las empresas responsables son: Cabelte Incasa; Grupo General Cable Sistemas; Miguélez; Nexans Iberia; Prysmian Cables Spain; Solidal Condutores Electricos; y Top Cable. Este cártel ha sido sancionado con una multa de 31,6 millones de euros para las empresas, a los que hay que sumar los 80.000 euros de Facel.

La CNMC considera la lucha contra los acuerdos de mercado y los cárteles una de sus prioridades de actuación por su efecto nocivo sobre la competencia y los consumidores. Estos acuerdos han tenido un carácter especialmente dañino, en la medida en que encarecieron el coste de los servicios que se prestan a los ciudadanos y se mantuvieron las conductas durante un largo periodo de tiempo.