Según informó el portavoz del Ejecutivo regional, Ángel Garrido, en el primer semestre del presente año se han producido 2.155 suspensiones de la RMI por incorporación de estas personas beneficiarias al mercado de trabajo, lo que supone un incremento del 83 % respecto al mismo período de 2016, en el que se incorporaron 1.176 personas.

La Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2017, aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 11 de mayo, contempla un crédito de 160,4 millones para el pago de esta prestación.

Informó de que al no estar aprobada todavía por la Asamblea la Ley de Presupuestos para 2018, es necesario tramitar anticipadamente la autorización de dicho gasto para hacer frente al pago de la prestación desde el 1 de enero del próximo año.

Explicó que en la Comunidad de Madrid hay 30.000 familias beneficiarias de la RMI y manifestó que la cuantía de la prestación se fija en función del número de miembros de la unidad familiar, y va desde 400 euros mensuales para una sola persona, hasta 707 euros

INSERCIÓN LABORAL

Garrido explicó que la RMI se concede a toda persona que lo requiera para poder afrontar las necesidades básicas de la vida durante el tiempo que sea necesario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley como carecer de ingresos; tener un patrimonio inferior a tres veces la cuantía anual de la RMI (la vivienda habitual no se computa); contar con residencia legal en la Comunidad de Madrid; y estar empadronado en algún municipio de la región con una antigüedad de, al menos, 12 meses.

Destacó que en la Comunidad de Madrid la RMI no es una prestación económica pasiva, ya que contempla la realización de proyectos de inserción sociolaboral para facilitar el acceso al mercado de trabajo y la consiguiente autonomía económica.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid puso en marcha hace unos meses la Estrategia de Inclusión Social 2016-2021, que cuenta con un presupuesto de 2.891 millones y 135 medidas, dirigidas a eliminar la pobreza severa de forma definitiva en la región.

Su objetivo fundamental es dar una respuesta eficaz ante situaciones de exclusión social y caminar hacia una sociedad más inclusiva, a través de políticas y medidas sociales más activas e integrales.