La secretaria confederal de UGT, Adela Carrió, compareció hoy en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados para defender la proposición de ley para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en España.

Carrió destacó que los potenciales beneficiarios de esta iniciativa podrían ser hasta 2,4 millones de personas, y que el coste aproximado sería de unos 12.000 millones de euros anuales.

En este sentido, consideró que la financiación es “posible” y apuntó que “España tiene que hacer un esfuerzo fiscal para acercarse a la media de gasto público”, ya que recauda “mucho menos” que los países más avanzados de la UE.

La secretaria confederal de UGT explicó que “el actual sistema de protección no está dando una solución acertada a la evolución de las necesidades sociales y económicas debidas a los cambios efectuados por la crisis”.

Por ello, subrayó que resulta “imprescindible” reforzar el actual sistema de protección social con la prestación de ingresos mínimos para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, que seguirían recibiendo la prestación mientras se mantengan las condiciones que dan acceso a la misma.

Respecto a algunas dudas planteadas en sede parlamentaria, Carrió quiso aclarar que la iniciativa “tiene perfecto encaje” en la Constitución Española, ya que en la misma se dice que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.

Además, agregó que desde las centrales no se pretende “el vaciamiento de la competencia autonómica de asistencia social”, porque “ni siquiera se plantea como incompatible” con las rentas autonómicas, de manera que “no impide que una comunidad autónoma pudiera complementarla con su propia renta de inserción”.

En lo que respecta a la gestión de la prestación, Carrió manifestó que UGT no sería contraria a que la iniciativa la gestionaran las autonomías, como ya ocurre con las prestaciones no contributivas, pese a que inicialmente ambos sindicatos señalaron al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Asimismo, la secretaria confederal de UGT se mostró favorable a la implantación de la prestación de ingresos mínimos de forma “progresiva, en función de la evolución de los ingresos del Estado y de la capacidad de hacer frente a un reto social y de políticas públicas tan importante”.