Así lo dijo Bravo durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso para defender la necesidad de establecer una prestación de ingresos mínimos, después de que “el debate parlamentario se ha ido dilatando de forma, en nuestra opinión, poco justificable”, con la constante ampliación del plazo para presentar enmiendas.

Bravo expuso una simulación con el coste de poner en marcha esta iniciativa desde 2007 y hasta 2017 y del número potencial de beneficiarios de esta prestación, destinada a los parados que han agotado todas las prestaciones y se encuentran en una situación de necesidad económica.

Según esta simulación, en 2007 se habrían beneficiado 1.358.000 personas, hasta el máximo de 2.362.000 en 2013, una cifra que desciende a 1.923.000 en 2017.

Mientras, el coste de la prestación de ingresos mínimos oscilaría a lo largo del ciclo analizado entre un mínimo de 6.509 y un máximo de 12.074 millones de euros, o 5.774 y 10.198 si se expresa en términos netos tras descontar la recaudación por IVA.

En porcentaje de PIB, el coste oscilaría entre el 0,6% y el 1,18% del PIB en el período analizado, o el 0,53% y el 0,99% si se expresa en términos netos.

El responsable de Protección Social de CCOO defendió que el objetivo de la prestación es “proteger adecuadamente a quienes queriendo y pudiendo trabajar carecen de empleo y sufren una situación de necesidad económica”.

Además, precisó que contiene una previsión “limitada de compatibilidad con un nuevo empleo por un plazo de tres meses”.

Bravo recordó que el objeto de la protección de la Seguridad Social son las situaciones de necesidad misma derivada de la falta de ingresos suficientes o exceso de gastos y la prestación de ingresos mínimos tiene cabida “sin duda alguna” en el sistema.

Precisamente, se propone regularla en el sistema, como derecho subjetivo, con vocación de estabilidad y permanencia, con las dotaciones presupuestarias permanentes y necesarias conforme se prevé para las prestaciones no contributivas del sistema.

En cuanto a las discrepancias sobre su implantación en el ámbito autonómico, Bravo aclaró que la iniciativa “es plenamente respetuosa con las competencias en materia de asistencia social" de las regiones y “ni impide que se mantenga la regulación de las comunidades autónomas ni se obstaculiza la intervención de la asistencia social autonómica”.

Por otra parte, desde CCOO también pidieron que los indicadores que se utilizan para el cálculo de las prestaciones sociales se establezcan sobre la base de la suficiencia de las mismas y se garantice su actualización periódica, evitando así congelaciones como sucedió con el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

“Se trata de un paso más en la dirección de resolver las lagunas de nuestro sistema de protección social que debe acompañarse de otras medidas complementarias”, dijo Bravo, para agregar que la propuesta incluye una disposición transitoria que emplaza a que en el plazo de un año se elabore un proyecto de Ley de reordenación integral de las prestaciones de Seguridad Social por desempleo, tanto en su nivel contributivo como asistencial, con el objetivo de corregir los desequilibrios que se detectan en la cobertura de las diversas situaciones mediante la ampliación de la protección por dicha contingencia.