El País Vasco, con un 25,4 por cien de su población ocupada en la industria sometida a suspensiones temporales de empleo; Cantabria, con el 15,8 por cien; Asturias (16,5 por cien), Galicia (17,2) y Castilla y León (35,4) son las comunidades autónomas donde más afectados hay.

La central señala que en estas regiones se hacen notar más los efectos de estas edidas de ajuste laboral, porque localizan grandes concentraciones de industrias seriamente afectadas por la desaceleración económica, como son los sectores del metal, fabricación de maquinaria, construcción naval, minería, automoción y siderurgia, entre otros.

Los responsables ugetistas culpan al Gobierno de ser el primer responsable de estas reestructuraciones del mercado laboral, por no haber articulado una política industrial en la última década que paliese los efectos de la recesión con mayores nveles de competitividad.

A juicio de la UGT, la industria española no ha reformado lo suficiente sus sistemas de producción, gestión y organización empresarial y su política de I+D (investigación y desarrollo) para la incorporación de nuevas tecnologías, y el Gobierno, por su parte, no aprovechó los años de recuperación económica para recuperar parte del tejido industrial destruido en los setenta.

Como consecuencia de estos planteamientos, el sindicato señala que la industria española adolece de n deterioro progresivo de su competitivdad, como reflejan los últimos datos de la balanza de pagos, cuyo déficit pasó de 717.000 millones en los cinco primeros meses de 1991 a 1,1 billones en el mismo periodo de 1992.

Según la central, la falta de una política industrial activa por parte de los sucesivos gobiernos socialistas es lo que ha distanciado a España de los demás países desarrollados, más preocupados por lograr un crecimiento económico equilibrado.

Sólo mediante la elaboración de planes egionales pactados con los agentes sociales, añade UGT, es posible conjugar esfuerzos públicos y privados y hacer que la industria española retome el ritmo que le exige la aplicación del Mercado Unico a partir de 1993.

Este objetivo, explica el sindicato, no es posible sin un cambio en la política económica del Gobierno, cuyas reiteradas medidas de ajuste y enfriamiento, su "permisividad en la evasión fiscal", su descontrol de los precios en el sector servicios y su pasividad ante la entrada de capitaes especulativos han acentuado el deterioro industrial.