Así lo apuntó en la segunda jornada de la ‘I Conferencia Sindical sobre los derechos de las personas con discapacidad en la negociación colectiva’, en la que afirmó que, con esto, los trabajadores con alguna discapacidad podrían lograr así “una mayor integración laboral y una mejora en sus derechos”.

En esta línea, Pérez remarcó que “por mucho que el legislador quiera aplicar políticas para que las personas se integren de una forma más igualitaria, si no hay un apoyo de los sindicatos, un apoyo social y empresarial, esto no se puede hacer”.

Asimismo, resaltó que “esta necesidad” de que el mundo sindical “entienda” que tiene que representar a las personas con discapacidad “es fundamental” no solo por la mejora de las condiciones laborales, sino también para eliminar las barreras y mejorar la accesibilidad de los puestos", lo cual valoró como “esencial”.

“Es cierto que para llegar a esto hay también que impulsarlo desde las instituciones públicas con políticas. Yo represento a un Ministerio que ha intentado hacer de la mejor manera posible la integración y la mejora de las condiciones laborales de las personas con discapacidad. Y lo hemos hecho de la mano de las organizaciones”, afirmó el secretario de Estado.

LIBRO BLANCO

En este sentido, ejemplificó estas políticas con el ‘Libro Blanco de Empleo y Discapacidad’, presentado en junio del pasado año y que propone cambiar la legislación sobre inclusión laboral y que además sirve como un instrumento para el cambio del marco legislativo y de política pública del empleo y derecho al trabajo de esta parte de la ciudadanía, que todavía “sufre tasas de inactividad y de paro mucho peores que el resto de la población”.

En esta línea, el vicepresidente de Fundación ONCE, Alberto Durán, declaró que la tasa de actividad de las personas con discapacidad “es la mitad” de la de las personas sin ninguna discapacidad, pues “solo un 28% de las personas con discapacidad tienen un trabajo”.

Por ello el vicepresidente de Fundación ONCE reclamó a los poderes públicos que “tienen la obligación de que cuando hay una barrera, reventarla”. Además, alegó que “la legislación es relativamente buena pero muchas veces esta no se cumple”.

Por todo ello, demandó al secretario de Estado que “el Gobierno tiene una agenda y unos deberes que cumplir”, como la mejora de la educación y de los recursos para que los centros ordinarios “puedan afrontar de una mejor forma las necesidades de las personas con discapacidad”.

Asimismo, demandó que se ha de mejorar la accesibilidad en todos los ámbitos y abogó por una mejor colaboración público-privada para que “haya más unión entre las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y las empresas para que estas colaboren más para hacer más inclusiva a las sociedad”.