En opinión de Carlos Bravo, el tiempo que debería permanecer abierta la central tendría que limitarse a unos meses, mientras se pone en marcha el plan de desmantelamiento y cierre de la central, ya que un largo plzo de tiempo es "jugar demasiado con el azar y las consecuencias pueden ser gravísimas", afirmó.

Por otra parte, se mostró satisfecho ante la decisión de fijar una fecha para el cierre de la central, puesto que el funcionamiento indefinido de ésta "es un elemento de riesgo para la salud pública y el medio ambiente".

"Creemos que hay presiones por parte de Unión Fenosa y la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), María Teresa Estevan Bolea, para prorrogar la vida de la central cierto timpo", apuntó Bravo.

A su juicio, la presidenta del CSN "pretende amortizar determinadas inversiones que ha realizado, como la de la carga de combustible que ahora está efectuando porque, si no se sabe si va a seguir funcionando es absurdo que cargue un combustible nuevo", añadió.

"Esto demuestra que la recarga de combustible es un chantaje económico de Unión Fenosa para prolongar los años de vida de la central", concluyó Carlos Bravo.