Bravo explicó a Servimedia que los grupos ecologistas han conseguido transmitir a la sociedad la peligrosidad de su fncionamiento, y al propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) "que no debe doblegarse a los intereses de Unión Fenosa", responsable de la central.

El activista de Greenpeace subrayó que la presidenta del CSN, María Teresa Estevan Bolea, se ha abstenido en la votación, lo que, a su jucio, demuestra el "carácter pronuclear de la presidenta, que ha estado tratando de favorecer a Unión Fenosa".

En su opinión, la concesión de tres años y medio más de funcionamiento servirán para que la propietaria de l central "pueda amortizar las inversiones, incluida la paga de la recarga de combustible".

"Se trata de un claro varapalo a la industria nuclear en España. Acogemos la decisión con satisfación, si bien, esa concesión para amortizar las inversiones, ensombrece ligeramente el hecho", concluyó Bravo.