En una rueda de prensa en el Congreso, Zaplana resaltó que la suspensión de la actividad de la formación ilegalizada es una "excelente noticia para los demócratas, los que siempre hemos defendido el cumplimiento de la ley y los que creemos en el Estado de derecho, en la sumisión de todos a la ley y las decisiones de la administración de justicia".

"Esta decisión nos da la razón a los que creíamos que era un acto ilegal y tenía que ser prohibido", prosiguió, "aunque a algunos les cueste entenderlo y acatarlo". Aseguró que el PP ha cumplido con su obligación, y "es triste y penoso que tengamos que hacer tantos esfuerzos para algo que debía ser mucho más fácil".

Agregó que "más triste todavía ha sido el papelón del presidente del Gobierno, que justificó, razonó y argumentó que no se cumpliera la ley. No ha cumplido con su obligación de instar al fiscal general del Estado y al abogado del Estado para que se exigiera el cumplimiento de la ley", con lo que "quedan claramente desautorizados por esta decisión de la Audiencia Nacional".

"El presidente del Gobierno, con sus análisis de nuevo ha vuelto a meter la pata, ha cometido una frivolidad más de las muchas que ya le caracterizan", continuó. Le acusó de "entender las razones de quienes amenazan a la libertad e insultar a quienes sólo queremos el cumplimiento de la ley".

Se preguntó "por qué tanto amparo y tanta comprensión al mundo del terror, por qué tanto hablar de la oportunidad de la paz. ¿Dónde está?", insistió Zaplana, quien reiteró que Zapatero debería informar de forma urgente en el Congreso sobre la posición del Gobierno ante esta convocatoria.

Del mismo modo, opinó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, "ha sido arrastrado" en este proceso, por lo que anunció que el PP reclamará su comparecencia en el Congreso para que explique su actuación.

Advirtió de que todo no acaba aquí, porque por parte de Batasuna "el desafío seguirá, y sabe que tiene terreno abonado para poderlo hacer". Confió en que "no haya más retórica ni más engaños, que se cumplan las resoluciones judiciales en los términos en que se tienen que cumplir, porque lo que tenemos que hacer para combatir el terrorismo es aplicar la ley".

"Y si alguien cree que la ley (de partidos) no es útil, (debe) tener el valor y el coraje suficiente de derogarla. En un Estado de derecho nos tenemos que someter a la ley, que nos obliga a todos, incluido al presidente del Gobierno, aunque no le guste". Concluyó que "es triste que se lo tengan que recordar los tribunales de justicia".