El Gobierno entiende que la reforma, como consecuencia del establecimiento de determinadas fórmulas de ponderación, hace que el sistema de representación de corporaciones locales y de impositores en la Asamblea General de una caja madrileña "no se ajuste en sentido estricto al criterio de proporcionalidad" introducido en la Ley estatal de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca) del año 2003.

La creación de dos circunscripciones electorales -una para los municipios de la Comunidad de Madrid y otra para los municipios del resto de comunidades en que una caja de ahorros madrileña tenga oficinas abiertas- en combinación con las fórmulas de ponderación que se introducen, producen como resultado una desviación de la regla de proporcionalidad establecida en la Lorca, según el Gobierno.

En el caso de la representación de las corporaciones locales, esta desviación se proyecta, tanto sobre el reparto de consejeros entre las dos circunscripciones, como en el reparto de los consejeros correspondientes a cada municipio, concluye el acuerdo.