Tanto en el PSOE como en el PP, y también en el Gobierno, existe la sospecha, cuando no la convicción, de que Ibarretxe responderá al rechazo del Congreso a su plan con el anuncio de convocatoria de las elecciones autonómicas.

Fuentes socialistas reconocen que la dirección del partido trabaja con esa hipótesis como más que probable, conscientes de que el "lehendakari" pueda echar mano de sus competencias para mantener la iniciativa.

En el PP trabajan también con esa hipótesis, aunque rechazan hacer posibles interpretaciones por adelantado de lo que pueden ser las intenciones del "lehendakari".

Los socialistas dicen, además, que ese anuncio le podría servir para intentar vincular el rechazo al "plan Ibarretxe" con unas elecciones autonómicas en las que una victoria nacionalista sería interpretada por el nuevo Gobierno vasco como un refrendo a esa iniciativa.

Por este motivo, la estrategia desplegada ya por los socialistas consiste en reducir el posible impacto de ese anuncio.

El secretario de Organización, José Blanco, ya ha dejado caer públicamente la idea de que ese adelanto sería "anecdótico", ya que Ibarretxe está prácticamente al final de su mandato -las anteriores elecciones vascas fueron en mayo de 2001- y apenas le queda margen de convocatoria.

El propio Blanco ha subrayado que, en caso de que Ibarretxe anunciara la convocatoria electoral inmediatamente después del rechazo a su plan, el adelanto apenas sería de un mes respecto del límite legal con el que cuenta.

NUEVO ESTATUTO

Con este escenario, y conscientes de esa hipótesis, los socialistas harán hincapié en que un nuevo Estatuto de Autonomía para el País Vasco es posible, siempre que cuente con consenso entre los partidos y que respete el marco constitucional.

Ese debe ser el objetivo del nuevo gobierno que salga de las urnas tras las próximas elecciones autonómicas, dicen los socialistas, que respaldan con ello la propuesta de reforma estatutaria lanzada por el PSE y que será incluida en su programa electoral.

Tanto socialistas como populares incidirán en los argumentos expuestos hasta ahora para explicar su rechazo al "plan Ibarretxe", que se basan en la exclusión de la mitad de la sociedad vasca, en las contradicciones con la Constitución y en los perjuicios que supondría para los vascos quedar fuera de la Unión Europea.

En el debate del "plan Ibarretxe" ante el pleno del Congreso de los Diputados serán los grupos parlamentarios los que expongan sus posiciones después de una primera presentación por parte del "lehendakari".

Juan José Ibarretxe dispondrá de la tribuna de oradores del pleno del Congreso para exponer la iniciativa del Parlamento vasco, pero después deberá seguir el debate desde el lugar reservado para los invitados, y no podrá volver a intervenir.

La posición del PSOE será expuesta por su portavoz parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la del PP por su presidente, Mariano Rajoy, en un debate para el que el presidente del Congreso, Manuel Marín, ya ha anunciado que será flexible.

El Gobierno tiene, como el cualquier debate en el pleno del Congreso, plena libertad para intervenir cuando lo considere oportuno, y todo indica que será el propio Rodríguez Zapatero el que exponga los motivos por los que el Ejecutivo se opone al "plan Ibarretxe".