Zapatero hizo esta propuesta en el curso de un debate sobre vivienda en el Consejo de la Juventud de España. Explicó que este organismo sería de ámbito estatal, aunque contaría con la colaboración de las distintas comunidades autónomas.

Su tarea se centraría especialmente en dar seguridad jurídica a los propietarios, estableciendo un sistema de inspecciones, colaboraría con los posibles inquilinos en la búsqueda de casa y les proporcionaría ayudas y, finalmente, procuraría sistemas de alquier social que permitieron soluciones a problemas diversos.

Este sería el caso de las personas mayores con vivienda propia que podrían compartir con jóvenes a cambio de su colaboración y compañía y con alquileres asequibles.

El líder socialista insistió en que la vivienda será prioritaria en el programa electoral socialista y en su acción de gobierno si gana las elecciones de marzo de 2004. A su juicio, el modelo económico basado en "el ladrillo se agota en el tiempo, no tiene solidez y condena a ajos salarios y precariedad laboral" a la sociedad.

Zapatero considera que la política de vivienda es sintomática del modelo de desarrollo y de futuro por el que apuestan los partidos y, en ese sentido, dijo que el modelo que él defiende es muy distinto al imperante en la actualidad.

Apostó por que las políticas de suelo estén "vinculadas al bien general y no a la lógica del beneficio" y defendió que todos los procesos relacionados con el urbanismo y la vivienda "sean públicos desde el primer act al último".

Se evitaría así un enriquecimiento ilícito basado en el encarecimiento de la vivienda y el endeudamiento excesivo de las familias. Como dato recordó que cada año se producen un billón de pesetas de plusvalías a costa de la subida del precio de la vivienda.

Indicó, igualmente, que su intención es impulsar las ayudas públicas para el acceso a vivienda que está ahora en el nivel más bajo de los últimos años, de manera que sólo el 10 por ciento de las viviendas que salen al mercado tiene subvenciones públicas, cuando ha habido momentos en que la proporción llegaba al 40 por ciento.

En resumen, apostó por la intervención pública en el mercado de la vivienda como garante de la transparencia y dijo que aunque "algunos" quieren presentar "lo público en situación de retirada, como mal administrador y como un estorbo", lo cierto es que ese argumento sólo es "una trampa" que favorece a los especuladores.