El gasto público traducido en inyección de inversión y en políticas sociales de protección frente al desempleo es la "línea roja" a la que el viernes se refería la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Desde el entorno del presidente explicaron a Servimedia que José Luis Rodríguez Zapatero defenderá las medidas adoptadas hasta ahora y propondrá más, tendiendo la mano a los grupos parlamentarios para sumar esfuerzos ante las dificultades económicas.

Pero la disposición del Gobierno a cerrar acuerdos tiene límites, que la vicepresidenta argumentaba sobre todo en los compromisos adquiridos por España en los foros internacionales, especialmente en el G-20.

El propio presidente ha dicho públicamente que los acuerdos pasan por el mantenimiento del gasto público como motor de reactivación ante la retracción de la inversión privada.

Además, ha reiterado que no habrá recortes de prestaciones sociales ni de políticas de protección porque son el colchón básico de amortiguación de los efectos de la crisis en las familias.

El Gobierno ha insistido en los últimos días en pedir a los partidos, también al PP, voluntad de cooperar y de "arrimar el hombro", pero al mismo tiempo asume que en las actuales circunstancias lo previsible es que ningún grupo parlamentario respalde al Ejecutivo.

Por ello, más allá del debate que mantendrá el presidente con cada uno de los portavoces, los esfuerzos del Grupo Socialista se centran en las propuestas de resolución, que se debatirán y votarán la semana siguiente, y en las que se podrá plasmar el respaldo con el que cuenta el Gobierno.

El mensaje que los socialistas están trasladando a los grupos es que no hay pactos estables ni relaciones preferentes con ninguno, por lo que todas las posibilidades de acuerdo están, en principio, abiertas.

Sin embargo, en el PSOE son también conscientes de que algunos grupos, sobre todo los más pequeños, recelan de ese mensaje porque creen que únicamente persigue aprovechar la aritmética parlamentaria para acordar unas cosas con unos y otras con otros.

Los socialistas no ocultan cierta inquietud ante las propuestas de resolución por la posibilidad de que pueda aprobarse en contra de su voluntad alguna que altere las previsiones fiscales o de gasto.

Confían, en todo caso, en que los grupos más descontentos se limiten a plasmar ese sentimiento en el debate, y que a la hora de presentar, debatir, acordar y votar las propuestas de resolución, prime "la responsabilidad".