Así lo explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, después del encuentro de poco más de dos horas que mantuvieron Zapatero y Rajoy y que, según la versión gubernamental, transcurrió en un "clima de sosiego y serenidad".

De la Vega aseguró que el presidente invitó a Rajoy "a mantener un diálogo bilateral, personal y directo" que permita "dotar de la máxima fluidez" a las relaciones que viene manteniendo con el Partido Popular y que pasaría por establecer un canal de comunicación permanente entre los dos, especialmente en materia de lucha antiterrorista.

El resto de los asuntos se canalizarían a través de la vicepresidenta, que, para comenzar, la próxima semana tiene previsto convocar una reunión entre Gobierno y PP para dialogar sobre la reforma educativa que prepara el ministerio de María Jesús San Segundo.

"En el marco de esta oferta, el Gobierno está dispuesto a realizar cuantas entrevistas sean precisas e informar de todos estos temas al principal partido de la oposición y a escuchar puntos de acuerdo en aproximar posiciones", dijo De la Vega.

La vicepresidenta manifestó que, frente a la "oferta muy muy concreta" de Zapatero, el líder de los populares no respondió con la misma exactitud, pero confió en que "Rajoy se dé un margen de reflexión para comprobar el margen de autonomía que tiene a la hora de dar respuesta a ofertas muy concretas".

De la Vega recalcó que la idea de Zapatero es sólo una propuesta, ya que "el Gobierno propone, no impone", pero recomendó a Rajoy que reflexione y acepte la invitación del presidente, dado que "el inmovilismo no es bueno en política".

TERRORISMO Y ESTATUTOS

Durante la entrevista, Zapatero explicó a Rajoy la "evolución" de la lucha antiterrorista para transmitirle, en palabras de De la Vega, la idea de que "la política antiterrorista es la misma que hemos venido manteniendo hasta ahora, enmarcada en los principios básicos: de que no habrá ninguna vía de aproximación a los violentos en tanto no abandonen de manera definitiva, contundente y clara la violencia, y de que la paz no va a tener ningún precio político".

La vicepresidenta aclaró que las conversaciones sobre este asunto las van a llevar personalmente Zapatero y Rajoy de manera "bilateral" y "muy personal".

Las reformas territoriales fue uno de los temas que más tiempo requirió durante el encuentro, en el que Zapatero aprovechó para pedir más implicación al Partido Popular en la negociación de los estatutos autonómicos. En especial, reclamó una mayor participación del PP en Cataluña porque sería "muy importante".

De la Vega recordó que los principios del Gobierno a la hora de modificar los estatutos son que exista "el máximo consenso posible", que los cambios estén circunscritos al ámbito de la Constitución y que, además, aporten "beneficios" a los ciudadanos.

A modo de ejemplo, citó la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana porque salió con el acuerdo de PP y PSOE en esta comunidad y muy pronto va a comenzar a tramitarse en el Congreso.

FINANCIACION SANITARIA

Zapatero y Rajoy también conversaron sobre la Conferencia de Presidentes que se celebrará el sábado en el Senado, en la que los máximos dirigentes autonómicos dialogarán sobre la propuesta de reforma del sistema de financiación de la sanidad.

En este punto, De la Vega anunció que el Ejecutivo está dispuesto a hacer "un mayor esfuerzo" para aumentar los recursos de las comunidades autónomas con respecto a la propuesta que el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, presentó la semana pasada.

La vicepresidenta resaltó que "hay posibilidades" de que el Gobierno amplíe su propuesta, de 1.000 millones en dos años, si bien pidió esperar unos días antes de que se dé a conocer en la misma Conferencia de Presidentes o en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que mantendrán este miércoles los consejeros de Hacienda de todas las comunidades con el ministro Solbes.

Además, De la Vega reconoció que el Gobierno está estudiando "otras propuestas" que permitan incrementar el sistema de financiación sanitario por encima de los 1.000 millones de euros que, en dos años, está dispuesto a aportar el Estado para sufragar el gasto de las comunidades.