"Considero comprensible y lógica la actuación de los grupos parlamentarios, que en su papel tienen que exigir el control y la respuesta de las administraciones públicas. La que hace su grupo la considero respetable en particular", dijo el presidente.

Rodríguez Zapatero respondió así, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, a una pregunta del senador de CiU Pere Macias sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los vecinos del Carmel en su visita al barrio.

Macias recordó las cifras del desastre del Carmel, con 34 familias sin casa y 1.057 vecinos desalojados, para quienes el cumplimiento de las promesas hechas es esencial en su duro proceso de recuperación de la confianza y de la normalidad.

El presidente respondió detallando las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros, pese a que la responsabilidad de las obras y "desde otros puntos de vista", precisó, es de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. El Gobierno espera, añadió, que esas ayudas se hagan efectivas en abril.

Precisó, sin embargo, que esas ayudas son un refuerzo complementario a las de la Generalitat, un acto de solidaridad del conjunto del Estado ante una situación de emergencia, pero que no prejuzgan "las responsabilidades y actuaciones" de otras administraciones.

Rodríguez Zapatero recordó que el Gobierno contrajo otros dos compromisos en este sentido: el incremento de las ayudas para la rehabilitación de varios barrios de Barcelona y la apertura de una línea de crédito subvencionada a través del ICO a la que se puedan acoger familias y administraciones que tengan que asumir responsabilidades como consecuencia de los daños producidos.

Después de exponer estas medidas, Rodríguez Zapatero concluyó que el compromiso de su Gobierno fue, desde el primer momento, actuar "con la máxima rapidez", poner a disposición de las familias ayudas complementarias, apoyar a la Generalitat y al ayuntamiento en la remodelación del barrio y mantener a medio plazo las ayudas y créditos a través del ICO.

El Gobierno, añadió, comparte el derecho de los afectados a exigir "una actuación diligente, rápida y eficaz que restaure la normalidad de sus vidas, sus viviendas y el barrio".