En una maratoniana jornada, el presidente recibirá en Moncloa a los portavoces de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida; del PNV, Josu Erkoreka; de IU-ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera; de Coalición Canaria, Ana Oramas; del BNG, Francisco Jorquera; de UPyD, Rosa Díez, y de Nafarroa Bai, Uxue Barkos.

Quedará para una posterior reunión, prevista para el miércoles por la tarde, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardà.

El objetivo reconocido abiertamente por el presidente es extender a todos ellos las bases acordadas el pasado miércoles con Mariano Rajoy: unidad de los demócratas, apoyo a las víctimas, confianza en el Estado de Derecho y respaldo a las fuerzas de seguridad, declaración política solemne de que el único destino de ETA es desistir de la violencia porque nunca la violencia conseguirá ningún objetivo político, y cooperación internacional.

Ambos acordaron además estudiar reformas legales para que las administraciones retiren todo tipo de insignias, placas o nombres de calles y plazas que enaltezcan el terrorismo, y para preservar los derechos de las víctimas.

Algunos partidos, especialmente el PNV, han expresado públicamente sus críticas a ese acuerdo por entender que cierra puertas a la reinserción y a la convivencia, pero el Gobierno insiste en que son bases democráticas susceptibles de ser respaldadas por todos los partidos representados en el Congreso.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresó el pasado viernes su convicción de que esas bases son "ampliamente compartidas por todas las fuerzas políticas".

Tras su reunión con Rajoy, el propio presidente explicó su intención de extender ese acuerdo, pero desde la tranquilidad que proporciona saber que se cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición.

Sobre la mesa de las reuniones del presidente con los portavoces estará también la renovación del CGPJ y del TC, que Rodríguez Zapatero y Rajoy se comprometieron a materializar en septiembre.

Ambos aseguran públicamente que no han hablado de nombres, sólo de criterios, pero es previsible que los grupos parlamentarios reclamen al presidente capacidad de propuesta de nombres, dada además la mayoría cualificada requerida en el Parlamento, tres quintos de cada cámara.