Rodríguez Zapatero reconoció que la inmigración "está contribuyendo al desarrollo económico" de España, pero sólo puede producirse "exclusivamente con legalidad y asociada a las posibilidades y necesidades del mercado de trabajo".

Eso fue lo que ocurrió, prosiguió el jefe del Ejecutivo en su discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Nación, cuando el Gobierno regularizó a 600.000 inmigrantes cuando llegó al poder.

Los principios del Gobierno son: legalidad, máximo control de fronteras, cooperación con países de origen y con la UE, integración social de los inmigrantes y respeto absoluto de los derechos humanos.

En el período 2002-2003 hubo un total de 169.216 ilegales devueltos a sus países de origen; en 2004-2005, 212.134, lo que supone un incremento del 25,36%; y en lo que va de año la cifra es de 31.108, dijo.

Respecto a la llegada de pateras a Canarias y Andalucía, dijo que en el año 2003, cuando gobernaba todavía el PP, llegaron 20.000 embarcaciones y que en la actual oleada a las islas "el Gobierno está adoptando todas las medidas que están a su alcance con el principio sagrado de respeto a los derechos humanos".

Zapatero reiteró su teoría de que lo que ocurre en Canarias es consecuencia del "desplazamiento de la presión migratoria como consecuencia de la eficaz cooperación hispano-marroquí" en Ceuta y Melilla.

Concluyó este epígrafe de su discurso afirmando que desde los años 80 no se había incrementado la presencia diplomática española en el Africa subsahariana como se va a hacer ahora con el Plan Africa, que llevará a crear nuevas embajadas en Mali, Sudán y Cabo Verde.