La reforma de la Constitución planteada por el Gobierno incluye cuatro puntos: inclusión de la Constitución europea, denominación de todas las comunidades autónomas, conversión del Senado en una Cámara de representación territorial, y eliminación de la primacía del varón en la sucesión a la Jefatura del Estado.

La intención del Gobierno es acometer esas reformas de manera global y en ningún caso aislar la reforma de la Jefatura del Estado, para evitar que el referendum necesario para su aprobación pueda ser entendido como un plebiscito sobre la monarquía.

En su intervención en el debate sobre el estado de las autonomías, el presidente anunció la intención del Gobierno y del Grupo Socialista de impulsar la creación de una ponencia a la que se pueda remitir "inmediatamente" el informe del Consejo de Estado.

Su deseo es que esa ponencia integre a los grupos parlamentarios pero que sea, a través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, "el canal de integración de las posiciones que las diversas comunidades autónomas quieran presentar para una reforma que pretende mejorar sus posibilidades de participación".

Con todas esas propuestas el Gobierno espera poder presentar "un proyecto consensuado de reforma que suscite el máximo consenso con el fin de que las Cortes Generales puedan afrontar ese proyecto y cumplir así el compromiso de adecuar la Constitución a las necesidades de su propio modelo autonómico".

AZNAR PARÓ LA REFORMA

El presidente aseguró que el camino emprendido con esa reforma y con las modificaciones estatutarias en curso "no es otro que el que marca la Constitución". "No cambiamos el rumbo, no variamos la dirección. Avanzamos un trecho aún inexplorado, pero del que sabemos a ciencia cierta que lo tenemos que cubrir, porque es la etapa lógica y necesaria si no queremos estancarnos y malgastar nuestras muchas potencialidades".

El jefe del Ejecutivo ha recordado que en el primer Debate sobre el Estado de las Autonomías, en 1994, se acordó constituir una ponencia para abordar la reforma de la Cámara Alta y, de hecho, tanto PP como PSOE decidieron incluir esa reforma en sus programas para las Elecciones Generales de 1996, y, una vez celebradas, se creó una comisión especial para estudiar esa reforma.

"Pero también es un hecho", recordó, "que ese intento fue congelado políticamente por el partido de la mayoría (PP). También es un hecho que, reforzada esa mayoría tras las elecciones de 2000, pura y simplemente se abandonó".

La reforma incluirá aspectos nuevos, como que el presidente del Gobierno recién investido necesite presentar su programa al Senado, con otros ya conocidos, como el sometimiento del jefe del Ejecutivo a as sesiones de control.

José Luis Rodríguez Zapatero estima que "la integración de España exige, en todo caso, una comprensión positiva de su pluralidad constitutiva". "Y, puesto que mi visión de España descansa en el reconocimiento de su pluralidad como valor constitucional, ello implicaba que el Gobierno debía hacer un permanente esfuerzo de integración de la diversidad en la unidad, respetando siempre las singularidades que nuestro ordenamiento constitucional garantiza y preserva".

Zapatero recordó que el Consejo de Asuntos Generales de la UE ha acordado que a partir de la próxima semana se puedan utilizar todas las lenguas españolas en reuniones del Consejo y del Comité de las Regiones, y, a partir del mes que viene, en el propio Parlamento Europeo.

"Debe ser", añadió el jefe del gobierno, "un motivo de orgullo para todos; también para quienes pensamos, hablamos y escribimos en castellano; nada perdemos sino que nos ensanchamos".

Además, ha revelado que en la próxima Conferencia de Presidentes, además de incluir en la agenda un proyecto nacional de I+D+i, va a someter a debate "un gran acuerdo" entre el Estado y las comunidades sobre "objetivos e instrumentos de cooperación y coordinación entre nuestras respectivas administraciones, que los precise, fomente y regule".

PROPUESTA DE FINANCIACIÓN

En materia de financiación autonómica, Zapatero ha explicado que el Gobierno va a "estudiar" el aumento de los anticipos a cuenta a entregar a las comunidades en relación con los impuestos cedidos. "De modo que, al término del ejercicio de 2007, la liquidación efectiva pueda aproximarse al 100% de la misma", insistió.

Esto, recordó, ya se ha hecho en materia de financiación sanitaria para incrementar la capacidad de actuación real de los gobiernos autonómicos.

José Luis Rodríguez Zapatero, en clara alusi´n al rechazo del Ejecutivo a admitir un sistema de financiación dentro del EStatuto de Cataluña, reiteró que "por imperativo constitucional", cualquier sistema debe desarrollarse "en pública y conjunta discusión" con las 17 comunidades.

El próximo mes de enero, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un grupo de trabajo va a "arrancar a estudiar" los principios del próximo sistema de financiación 2007-2013.

El jefe del Gobierno ha ecordado que el sistema tendrá que garantizar "un nivel simiar de servicios" en toda España y advirtió que "la solidaridad entre los ciudadanos españoles debe hacer posible que todas las comunidades estén en condición de prestar ese nivel mínimo, con independencia de su capacidad fiscal".

"Y ese es un límite absoluto", advirtió, "a las modificaciones que deban probablemente realizarse para evitar penalizar a las comunidades que realicen un mayor esfuerzo fiscal".