Esos son dos de los cambios en la Constitución previstos por el Gobierno, aunque el que afecta a la Corona para eliminar la primacía del varón en la sucesión ha cobrado relevancia tras el nacimiento de la primogénita de los Príncipes de Asturias, la infanta Leonor.

Los dos grandes partidos, PSOE y PP, están de acuerdo en eliminar esa primacía, pero no quieren que el referéndum necesario para ello se convierta en una consulta exclusiva que pudiera entenderse como un plebiscito sobre la Monarquía.

La única forma de evitarlo es que la consulta incluya al menos otra de las reformas constitucionales, es decir, la inclusión de la Constitución Europea, la denominación de todas las comunidades autónomas o, la que parece más probable por su envergadura, la conversión del Senado en una Cámara de representación territorial.

El Gobierno ha reiterado en los últimos días su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres "en todos los ámbitos" y también en el acceso a la Jefatura del Estado.

Por ello, pretende abordar "sin precipitación" la reforma de la Constitución necesaria para que la recién nacida infanta Leonor no tenga impedimento alguno para reinar, pese a que en el futuro pudiera tener un hermano varón.

Rodríguez Zapatero llevará al debate autonómico éste y los otros tres puntos de reforma constitucional, con especial hincapié en un calendario de trabajo para la reforma del Senado. La intención del presidente es concretar su idea sobre esa reforma y tratar de que el PP se pronuncie al respecto, toda vez que en los días anteriores el líder popular, Mariano Rajoy, se ha mostrado abiertamente escéptico sobre los proyectos del Ejecutivo.

El Gobierno considera que el PP es imprescindible en la reforma constitucional y la vicepresidenta lo dejó ver lanzando dos mensajes a este partido, con el reciente debate sobre el Estatuto catalán como telón de fondo.

Ese debate que concluyó con la toma en consideración del proyecto de reforma estatutaria por parte del Congreso de los Diputados demostró, a juicio del Gobierno, la normalidad democrática y la fortaleza y madurez de las instituciones.

Sirvió también, dicen, para captar "una fotografía perfecta" de las relaciones entre partidos, con un PP en "absoluta soledad" frente a la mayoría de los ciudadanos y con dificultades evidentes para forjar una hipotética mayoría alternativa a la actual.

Ante ese escenario, el Gobierno desea que el PP recapacite y se sume a la reforma del Estatuto catalán. Para ello, reitera la "mano tendida" y garantiza que el voto del Grupo Parlamentario Socialista será "impecablemente constitucional".

El Ejecutivo no niega que uno de los principales obstáculos en la negociación de esa reforma estatutaria puede ser la financiación autonómica, ya que los nacionalistas quieren concretar en ese texto mucho más de lo que los partidos naiconales están dispuestos, en principio, a tolerar.

Siguen adelante los trabajos sobre un modelo de financiación para todas las comunidades autónomas "paralelo y al margen" de lo que pueda contener el Estatuto catalán, aunque ese contenido debe ser "coherente" con lo que afecte al resto de los territorios, decía el pasado viernes la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Pese a que la posición del PP ante esa reforma estatutaria y las modificaciones constitucionales marcará el debate sobre el Estado de las autonomías, el Gobierno confía en que esa cita sirva para abordar la situación real de todos los territorios.

Los años transcurridos sin debate autonómico han provocado la acumulación de numerosas materias a tratar, dice el Gobierno, y cada presidente tiene la necesidad de poner sobre la mesa los problemas de sus ciudadanos.

Cuentan, por ello, con que se hable del Estatuto catalán y, por supuesto, de la reforma del Senado y de los otros tres puntos de la Constitución, pero también con que los presidentes autonómicos llevarán a esa cita de primer orden los problemas que afectan a cada una de sus comunidades.

El debate comenzará el lunes a las diez y media de la mañana con un análisis de situación por parte del presidente del Gobierno.

Después será el turno de los presidentes autónomicos, todos menos el vasco, ya que Juan José Ibarretxe decidió ausentarse por lo que considera "un portazo" a la propuesta de reforma estatutaria de Euskadi a diferencia de lo ocurrido con Cataluña.

Los presidentes intervendrán por orden comenzando por el de más antiguedad en la aprobación del estatuto de autonomía de su comunidad, es decir, el catalán, Pasqual Maragall.

A continuación será el turno de los portavoces parlamentarios en el Senado y, finalmente, un turno de cierre del presidente del Gobierno. Todo ello ocupará tres días completos de debate.

Después los grupos podrán presentar mociones, que se debatirán y votarán en una nueva sesión plenaria el día 15 y a las que no se podrán presentar enmiendas para no dilatar más la sesión.