Por parte del Gobierno firmó el acuerdo el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y por UGT, CSI-CSIF y CCOO los secretarios generales de las federaciones de servicios públicos.

En el acto, que se celebró en el Palacio de la Moncloa, el jefe del Ejecutivo aseguró que los funcionarios deben estar "al servicio de la cohesión" de España y que los empleados públicos necesitan "un mejor reconocimiento de su tarea".

El anteproyecto de Estatuto incluye, recordó el jefe del Ejecutivo, el reconocimiento y "consolidación" del derecho de negociación colectiva para los empleados públicos, a los que hay que hacer "ese reconcimiento social tantas veces escatimado".

Zapatero ha ironizado diciendo que "el destino" ha hecho que en 1996, cuando él era portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Administraciones Públicas, y Mariano Rajoy ministro de Administraciones Públicas, no fuera posible la creación de este estatuto, a pesar de los intentos.

A su juicio, los 2,5 millones de funcionarios españoles están preparados y son "eficientes, entregados a su trabajo y con disposición para atender a los ciudadanos".

FRENTE A LA "FURIA" DEL PP

Por su parte, el ministro Sevilla señaló en el acto de hoy en La Moncloa que, frente a "la furia en que muchos quieren convertir la política española", en alusión al PP, la aprobación del Estatuto Básico de la Función Pública muestra que el Gobierno socialista está actuando a favor de los intereses generales.

Sevilla asegura que estamos "ante el mejor estatuto de la función pública posible" porque respalda la política del "mérito y la capacidad".

Los responsables sindicales destacaron en sus intervenciones la necesidad de que todas las fuerzas parlamentarias se sumen al consenso en la tramitación del nuevo Estatuto de la Función Pública, y pidieron al Partido Popular que no boicotee la tramitación del mismo.

Domingo Fernández Veiguera, de CSI-CSIF, comentó que este estatuto es "la asignatura pendiente de la democracia" ya que, en muchos casos, los funcionarios se regían por normativas preconstitucionales.

Por su parte, Julio Lacuerda, secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, dijo que no son habituales "las actitudes dirigidas a mejorar el servicio público" y se mostró confiado en que nadie intente en el trámite parlamentario de la ley rebajar el texto.

Enrique Fossoul, coordinador del área Pública de CCOO, exhortó directamente al PP a que rectifique su rechazo ya anunciado al anteproyecto de ley de Estatuto Básico de la Función Pública.