Lo hizo en su intervención en abierto en una reunión del grupo parlamentario de Sumar, en la que también reiteró la propuesta de crear en España un órgano independiente para prevenir la corrupción, “completamente despolitizado” y “ausente del control político”, como dijo que recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), adscrito al Consejo de Europa.

Díaz aseguró que no se quiere “dejar llevar por el último titular, por el último tuit”, sino “reflexionar para orientar la acción política hacia una dirección correcta”, ya que “cuanto mayores son las complejidades, más se necesita serenidad”.

Por eso, aun deplorando que “unos pocos golfos estaban ganando dinero” durante la pandemia “a costa de la salud y la muerte de la ciudadanía”, dijo que “no se trata de castigar la corrupción ahora que ya se ha producido”, sino de “poner los mecanismos para que ésta no se produzca”.

Sobre esa premisa fundamentó sus propuestas de “cambios normativos”. En primer lugar, “modificar la legislación del indulto para que el indulto no es pueda aplicar en casos de corrupción”, puesto que según sus cálculos se han concedido “más de 10.000” en España por delitos de este tipo, 139 de ellos por el Gobierno de José María Aznar.

En segundo lugar, abogó por “restringir los aforamientos en España”, porque “no puede ser que se estén utilizando los aforamientos como una especie de protección ante casos de corrupción".

A su juicio, la figura “tiene que restringirse únicamente al ejercicio del cargo que uno ocupa, nunca para protegerse de casos de corrupción, que es lo que lamentablemente estamos viendo esos días”, apostilló en obvia alusión al exministro de Transportes José Luis Ábalos, que no ha querido abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados y por eso mantiene su aforamiento.