Según difundió el Ministerio este lunes en una nota de prensa, en la carta reflejan que es “preocupante” que “ninguna de las cartas de mandato enviadas a los comisarios designados se refiera a responsabilidades y competencias en el ámbito de la economía social” y juzgan “esencial” que la nueva Comisión trabaje en ese sentido, según firman Díaz junto con el vicecanciller federal y ministro de Economía y Acción Climática de Alemania, Robert Habeck; el ministro de Sanidad, Medio Ambiente, Solidaridad y Economía Social en Valonia (Bélgica), Yves Coppieters; el ministro de Trabajo de Luxemburgo, Georges Mischo; y el viceprimer ministro y ministro de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de Eslovenia, Luka Mesec.

La misiva está dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a los titulares de las tres vicepresidencias de la Comisión. Los cinco ministros europeos reclaman un comisario específico con responsabilidades en la materia a fin de que se garantice una estrecha cooperación entre las vicepresidencias para respaldar a un sector que cuenta con más de cuatro millones de empresas y entidades, emplea a más de 14 millones de personas y representa el 8% del PIB de los 27 países de la Unión Europea (UE).

La economía social fomenta la cohesión social y promueve sociedades más equitativas e igualitarias a través de la igualdad y la redistribución de la riqueza y es cada vez más necesaria dentro del “objetivo general de cohesión social y democracia económica y en la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales”, se afirma en la carta.

Tras una productiva legislatura (2019-2024) en la que se ha aprobado el Plan de Acción de la Economía Social y la Recomendación del Consejo -a instancias de la vicepresidenta-, sobre el desarrollo de las condiciones marco de la economía social, los ministros inciden en la necesidad de impulsar marcos legales nacionales y europeos que sustenten al sector. Reclaman asimismo que este modelo económico sea declarado una prioridad política, se promueva el acceso a la financiación existente de la UE y se tenga en cuenta las particularidades del sector en los procesos de contratación pública de la UE.