A Díaz se le preguntó, a su llegada al Consejo de Ministros europeos de Empleo y Política Social (Epsco) que se celebra en Bruselas, por este acuerdo al que llegó el PSOE con Junts per Catalunya a cambio de que los diputados de la formación catalana no tumbaran el decreto ómnibus y el de medidas para mitigar el impacto económico de la guerra de Ucrania y así conseguir su convalidación en el Congreso de los Diputados.

“Yo formo parte del Gobierno de España”, constató, “y por tanto todas las decisiones que tomamos en el Gobierno español son mancomunadas y a ellas me debo”. Aseguró que ella vivió “en primera persona” las negociaciones con Junts y que hubo que llevarlas “hasta el último minuto”.

En cambio, la vicepresidenta eludió pronunciarse sobre la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat, aunque dejando entrever veladas objeciones. “Aquí, me tienen que entender, lo dejo”, se zafó ante la pregunta de los medios.

También se preguntó por este pacto con Junts a la secretaria política de Podemos, Irene Montero, en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia. Pero tampoco dejó clara su postura, al interpretar que, en este tema, “lo fundamental no está tanto en las competencias como en la vida”, porque es cuestión de “pura humanidad” y tanto España como la UE tienen que tener “una política migratoria que permita garantizar los derechos humanos”.

Montero subrayó que “ningún ser humano es ilegal”, y que los migrantes buscan una mejora de sus condiciones de vida, por lo cual, aunque dijo entender el debate competencial, lo esencial es cuál es “la posición ética”, y en este sentido dijo que le preocupa que, en la Unión Europea, los liberales, los socialistas y los Verdes (el grupo de la Eurocámara al que se referencia Sumar) “estén construyendo una Europa fortaleza que pone en riesgo los derechos de los migrantes”.