Según informaron fuentes jurídicas, el ministerio fiscal entiende que la Audiencia Nacional no tiene competencia en este caso, ya que el accidente se produjo fuera de las fronteras españolas (en Turquía) y tanto el avión como los pilotos y la triplación eran de nacionalidad ucraniana, y también murieron.

El escrito, firmado por la fiscal Blanca Rodríguez, asegura que "de todo lo contenido de la denuncia no se puede deducir indicios que permitan imputar una responsabilidad penal, a ciudadano español alguno, único supuesto [...] en el que sería competente la Audiencia Nacional".

La Fiscalía invoca los artículos 65.1 y 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los que se recogen las competencias de la Audiencia Nacional, así como la extnsión y límites de la jurisdicción de este órgano.

La denuncia de la asociación no iba dirigida contra nadie en concreto, sino que pedía que se investigase a "todas aquellas personas que hayan podido tener intervención relevante por acción u omisión en las causas que han ocasionado este accidente".

La asociación, que representa a los familiares de 42 de las 62 víctimas, basó su denuncia en el artículo 11 del Código Penal, relativo a la comisión por omisión de un delito con resultado de muerte, de que considera responsable a los altos cargos del Ministerio de Defensa.

La denuncia señalaba, entre otras cosas, irregularidades en la contratación de la compañía ucraniana, en el plan de vuelo y en el funcionamiento de algunos elementos del avión, la prolongación de la jornada de la tripulación, posible alcoholemia, contradicciones respecto a la situación meteorológica y escasez de combustible.