Fungairiño señaló que, a su juicio, la Audiencia Nacional no tiene competenia en este caso, ya que el accidente, en el que murieron 62 militares españoles, se produjo fuera de las fronteras españolas y tanto el avión como los pilotos y la tripulación eran de nacionalidad ucraniana.

Además, el fiscal jefe indicó que si la denuncia se basa en un delito de muerte por omisión, la Audiencia Nacional no tiene competencias. En todo caso, añadió, podría seguirse, fuera de la Audiencia Nacional, la vía civil o administraiva, aunque no precisó en qué tribunal.

La denuncia de la aociación no va dirigida contra nadie en concreto, sino que pide que se investige a "todas aquellas personas que hayan podido tener intervención relevante por acción u omisión en las causas que han ocasionado este accidente".

La asociación, que representa a los familiares de 42 de las 62 víctimas, basa su denuncia en el artículo 11 del Código Penal, relativo a la comisión por omisión de un delito con resultado de muerte y considera responsables a los altos cargos del Ministerio de Defensa.

La denucia señala, entre otras cosas, irregularidades en la contratación de la compañía ucraniana, en el plan de vuelo y en el funcionamiento de algunos elementos del avión, la prolongación de la jornada de la tripulación, posible alcoholemia, contradicciones respecto a la situación meteorológica y escasez de combustible.