La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, Teresa Palacios, ha atendido los argumentos del Ministerio Fiscal, que se oponía a la admisión, por entender que la Audiencia Nacional no tiene competencia en este caso, ya que el accidente se produjo fuera de España (en Turquía) y tanto el avión como la tripulación eran de nacionalidad ucraniana.

La juez ha invocado, para archivar la denuncia, los artículos 65.1 y 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Juicial, que establecen las competencias de la Audiencia Nacional y los límites de su jurisdicción.

El auto de Teresa Palacios asegura que "aquellas (irregularidades) que señalan a los responsables del Ministerio de Defensa español vienen residenciadas en España" y, en consecuencia, la Audiencia Nacional es "ajena a su investigación, en virtud de los preceptos trasncritos a esta sede judicial"

Añade que la Audiencia Nacional tampoco es competente para investigar otras irregularidades denunciadas po las familias de los militares, como la supuesta alcoholemia de los tripulantes del avión, debido a que esa tripulación es "estaba integrada por ciudadanos ucranianos que no ostentaban la nacionalidad española".

La denuncia de los familiares no iba dirigida contra nadie en concreto, sino que pedía que se investigase a "todas aquellas personas que hayan podido tener intervención relevante por acción u omisión en las causas que han ocasionado este accidente".

La asociación que representa a los famiiares de 42 de las 62 víctimas basó su denuncia en el artículo 11 del Código Penal, relativo a la comisión por omisión de un delito con resultado de muerte y consideraba responsables a los altos cargos del Ministerio de Defensa.

La denuncia señalaba, entre otras cosas, irregularidades en la contratación de la compañía ucraniana, en el plan de vuelo y en el funcionamiento de algunos elementos del avión, la prolongación de la jornada de la tripulación, posible alcoholemia, contradicciones respecto a la ituación meteorológica y escasez de combustible.