Teresa Palacios ha atendido los argumentos del Ministerio Fiscal, que se oponía a la admisión por entender que la Audiencia Nacional no tiene competencia en este caso, ya que el accidente se produjo fuera de España (en Turquía) y tanto el avión como la tripulación eran de nacionalidad ucraniana.

La denuncia de la asociación no iba dirigida contra nadie en concreto, sino que pedía que se investigase a "todas aquellas personas que hayan podido tener intervención relevate por acción u omisión en las causas que han ocasionado este accidente".

La asociación, que representa a los familiares de 42 de las 62 víctimas, basó su denuncia en el artículo 11 del Código Penal, relativo a la comisión por omisión de un delito con resultado de muerte, del que considera responsable a los altos cargos del Ministerio de Defensa.

La denuncia señalaba, entre otras cosas, irregularidades en la contratación de la compañía ucraniana, en el plan de vuelo y en el funcionamiento de alguos elementos del avión, la prolongación de la jornada de la tripulación, posible alcoholemia, contradicciones respecto a la situación meteorológica y escasez de combustible.

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