Así lo manifestó esta mañana en el Parlamento el consejero de Industria e Interior, Juan Miguel Diz Guedes, que cmpareció hoy ante la Cámara gallega para explicar el acuerdo de transferencias recién alcanzado y que viene acompañado de partidas presupuestarias por importe de 2.010 millones de pesetas.

Diz Guedes mostró su preocupación por el retraso de pagos a los abogados de oficio, que ha provocado incluso movilizaciones, y dijo que de inmediato se constituirá una comisión mixta para estudiar medidas de agilización de los trámites.

El portavoz del BNG, Alberte Rodríguez, afirmó que la transferencia pone demanifiesto la falta de soberanía de Galicia como país, dado que la Xunta sólo será a su juicio una mera "pagadora" ante el poder judicial.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Roberto Taboada, preguntó al consejero si la Xunta prevé demandar la transferencia de las instituciones penitenciarias, algo que Diz Guedes no quiso adelantar en la reunión de la Comisión Institucional.

El traspaso de competencias en materia de justicia incluye 253 trabajadores, en su mayoría laborales y de servicios de mantnimiento, y 76 inmuebles.

Aparte de los 2.010 millones con que viene dotada la transferencia, la Xunta suscribió una acuerdo complementario, con 1.945 millones de pesetas para nuevas obras de infraestructuras que se realizarán en el próximo quinquenio.