Esta ley supondrá un avance sobre el decreto que entró en vigor el año pasado y que obliga a eliminar las barreras que limitan la movilidad de los minusválidos en edificaciones públicas o financiadas en parte con fondos públicos (el caso de las viviendas de protección oficial) que se construyeran después de la aprobación de esas normas.

Batán calificó de modélico este decreto, consensuado con los colectivos de minusválidos y elaborado con el asesoamiento del Colegio de Arquitectos de Galicia, aunque aclaró que sólo afecta a construcciones públicas.

El Ejecutivo gallego quiere dar un paso más e imponer por ley la eliminación de barreras en todas las edificaciones, tanto públicas como privadas, así como en aceras, parques y jardines y transportes públicos.

Además, este año la Xunta impulsará un programa en esta materia mediante convenios con diferentes ayuntamientos de la comunidad autónoma.