La disposición se refiere a la financiación del Acuerdo Nacional sobre Formación Continuada. La Xnta la considera perjudicial para las competencias de la Administración gallega en la gestión de la formación profesional continuada, referida a acciones que se realicen mediante cursos formativos dirigidos a trabajadores ocupados y que tienen por objeto facilitar la adaptación de los empleados a los cambios derivados de las nuevas técnicas de gestión empresarial o a la introducción de nuevas tecnologías en los procesos de producción.

En la rueda de prensa que siguió a la reunión semanal del Gobierno allego, Manuel Fraga justificó el recurso alegando que "unilateralmente se cambian las proporciones de los fondos para formación ocupacional, después de la transferencia asumida por la Xunta. Evidentemente no parece compatible con la transferencia hecha un cambio no negociado en esta materia, porque restringe un poco los fondos de que dispone la Consejería de Familia para esas cuestiones".

Según el Gobierno gallego, el real decreto 146/1993, por el que se traspasan a Galicia las funciones y servicios n materia de gestión de la formación profesional ocupacional, fue modificado unilateralmente por el Gobierno central, al proceder a una redistribución competencial en perjuicio de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Galicia.